El Gobierno de Entre Ríos promovió dos demandas contra el Estado Nacional, por casi 1.000 millones de dólares. Esta es una suma que no registra precedentes en la historia entrerriana y convierte a Entre Ríos en una de las jurisdicciones con mayores reclamos.
Ambos juicios se tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se tratan de la demanda contra Anses y el reclamo histórico por los incumplimientos a las obligaciones asumidas por al Estado Nacional a raíz de la Construcción de la Represa de Salto Grande. Esta semana, la Fiscalía de Estado amplió la demanda y precisó que la suma retroactiva reclamada asciende a 724 millones de dólares.
Juicio con Anses
El primer juicio contra Anses es por la falta de cumplimiento de los Pactos Fiscales de 2017. El objeto de la demanda es que se condene a la demandada al pago de las sumas de dinero resultantes de las diferencias adeudadas. Las mismas derivan de la obligación de asistencia financiera nacional a los regímenes previsionales no transferidos a la Nación.
La deuda ascendía estimativamente a la suma total de más de 154 mil millones de pesos. Sin embargo, al momento de interponer la demanda ya supera los 200 mil millones de pesos, si se la actualiza conforme criterios jurisprudenciales. Las diferencias reclamadas derivan de los siguientes conceptos:
1) Desde 2017 a la fecha: diferencias resultantes de la revisión de la tasa de contribución patronal utilizada para la determinación del déficit anual. A esto se le suman intereses.
2) Desde 2020 a la fecha: a) diferencias entre lo devengado y lo efectivamente transferido a la Caja Provincial. Actualización de dichos importes en virtud del índice de movilidad del SIPA. Pago tempestivo de dichas erogaciones, sin atrasos y sin dilaciones administrativas arbitrarias.
El juicio por los excedentes de Salto Grande
La segunda demanda planteada persigue el cabal cumplimiento del Pacto Intrafederal. El mismo fue rubricado a través del Acta Acuerdo en 1998 que dispone que los excedentes de la explotación de la Represa Salto Grande se deben distribuir entre las provincias afectadas por la construcción de la represa. Además establecía la conformación del Fondo Especial de Salto Grande.
Ese juicio se basa en el hecho que el Estado Nacional modificó unilateralmente ese acuerdo por disposiciones de la Secretaría de Energía. Así habría disminuido ostensiblemente el flujo de excedentes destinados a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Se solicitó que con relación a Entre Ríos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de las Resoluciones nacional. Esto se debe a que, directa o indirectamente, menoscaban los derechos de la provincia ya que regulan a la baja el precio de la energía de Salto Grande. Además, según lo manifestado, reducen deliberadamente los excedentes, afectando el equilibrio económico reparatorio previsto. Esta semana, el gobernador Rogelio Frigerio y el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, firmaron la ampliación de la demanda y precisaron la suma reclamada en 724 millones de dólares.
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