Luego de casi dos semanas del escándalo cripto $Libra Javier Milei continúa imputado por los posibles delitos de estafa, tráfico de influencias y abuso de autoridad. Uno de los abogados denunciantes, Gregorio Dalbon, exigió de los celulares del jefe de Estado, de Karina Milei y de Manuel Adorni. Sin embargo, señala que la causa avanza con “lentitud”.
El pedido de secuestro de los smartphones del presidente y sus funcionarios fue realizado este miércoles. El objetivo es que sean peritados y se resguarde la prueba que podrían contener. La causa está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, en cabeza de Eduardo Taiano. El fiscal deberá decidir si hace lugar o no al requerimiento.
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“La causa viene muy lenta, con medidas muy simples para una causa tan compleja”, problematizó Dalbon. En las últimas horas, parte de los fondos almacenados en $Libra fueron transferidos a otras billeteras virtuales. Son conocidas en el mundo cripto como “wallets”.
“Unas de las wallets del equipo asociado al lanzamiento de $Libra movió parte del dinero ‘de la Argentina’ a una wallet nueva”, dijo el especialista en criptomonedas Fernando Molina. “Es la primera vez que vemos movimientos desde el 14 de febrero”, advirtió. La celeridad en una causa de estas características es fundamental para proteger el objeto del proceso y la prueba.
En el escrito judicial se pide que los teléfonos sean secuestrados. El objetivo es “realizar un peritaje integral sobre las comunicaciones, aplicaciones y archivos digitales que puedan guardar relación con los hechos investigados”. Entre los motivos se señalan las conversaciones que habrían mantenido con Mauricio Novelli y Hayen Davis, quienes estarían involucrados en el desarrollo de $Libra.
Dalbon considera que el delito que habría cometido Javier Milei fue confesado por el propio presidente en la entrevista que dio con Jonatan Viale. Desde ese punto de vista, indicó que la fiscalía no va a tener “más remedio que llamarlo a declarar en indagatoria”. A pesar de esto, descree de la celeridad y la eficacia de las medidas de prueba que se ordenen hasta ese entonces.
En tanto, el fiscal Taiano ordenó ampliar intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación. De esta manera, deberá colaborar en la preservación y recuperación de evidencia. También solicitó informes a organismos públicos y privados vinculados con la “temática”, a la vez que evalúa nuevas diligencias.
Fuente: Perfil
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