El Gobierno nacional emitió, a mediados de enero, una polémica resolución firmada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis). Allí se modificaba la evaluación para el otorgamiento de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad, en la que incluyeron terminología considerada discriminatoria y estigmatizante.
En el documento, la ANDis enfatizó distintos criterios médicos para evaluar los grados de discapacidad intelectual. Utilizó la descripción de “invalidez laboral” y “retardos mentales”. Además, en el anexo de la resolución se emplean palabras como “idiota”, “imbécil” y ”débil mental”.
Después del escándalo que se generó por la publicación de la normativa 187/2025, desde la Agencia Nacional de Discapacidad emitieron un comunicado en las redes sociales. Se retractaron y aseguraron que se trató de “un error”. “Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria”, señalaron.
Puntos críticos
Eduardo Quiroga es abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Dijo que las palabras que se utilizaron son discriminatorias. Además, “implican una violación a la Convención Internacional de las Naciones Unidas que brega por los derechos de las personas con discapacidad”.
Para el abogado, esa forma de evaluación a los beneficiarios de asignaciones se dejó de usar en la década del 90 y resulta un “retroceso grave”. En 1998, se declaró inconstitucional un decreto que establecía requisitos para acceder a las pensiones. En septiembre del 2024, esos requisitos se volvieron a instalar de la mano del gobierno de Javier Milei.
El mismo determina que las personas deben tener un 66% de “invalidez laborativa”. Esto implicó la implementación de un baremo para determinar criterios de cómo medir la discapacidad. “Esto lo que ha hecho es excluir a las personas con discapacidad del mercado laboral”, opinó.
Hoy resulta insuficiente el monto que perciben con la pensión y muchas de ellas necesitan otro ingreso económico. Actualmente, la pensión ronda los 191 mil pesos por mes, sumado al bono que está otorgando el Gobierno. Es decir que los pensionados cobran 261 mil pesos. Sin embargo, existe una incompatibilidad que no le permite a los pensionados introducirse en el mercado laboral.
A partir de la decisión de la ANDis, aquellos que estén dentro del sistema de pensiones no contributivas y que tengan un empleo formal registrado podrían suspenderles el beneficio. “Los que tienen trabajo registrado están en riesgo de perder la pensión”, detalló Quiroga.
La respuesta del Gobierno
Las palabras usadas por la resolución generaron una ola de críticas, no solo en las redes sociales, sino en las distintas asociaciones civiles del país. Este jueves, desde la Agencia Nacional de Discapacidad emitieron un comunicado en las redes sociales, en el que se retractaron y aseguraron que se trató de “un error”.
“El 16 de enero del corriente año, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 187/2025. Dicha normativa incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados”, expresaron en X.
“Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, agregaron.
Fuente: TN
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