En la misma sesión en la que se votó la suspensión de las PASO y el proyecto de Reiterancia, el oficialismo volvió a tener una victoria. En este caso se trata del proyecto de Juicio en Ausencia, que la Cámara de Diputados le dio la media sanción.
El proyecto recibió 147 votos a favor, 68 negativos y 9 diputados se abstuvieron. La cartera dirigida por Mariano Cúneo Libarona planteó que el juicio en ausencia y la ley de Reiterancia son “herramientas claves contra la inseguridad”. En cuanto al juicio en ausencia, el Ministro sostuvo que fue pensado e impulsado especialmente para juzgar a las personas señaladas como las responsables del atentado a la mutual judía de la AMIA de 1994.
En qué consiste
La iniciativa presentada por el oficialismo propone modificar el Código Procesal Penal, aprobado por Ley Nº 23.984, y el Código Procesal Penal Federal. Busca juzgar a imputados que no se encuentran presentes en el proceso.
Este criterio de juzgamiento será válido para delitos de lesa humanidad, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El principal objetivo del Gobierno sería juzgar a los libaneses yeiraníes que se encuentran prófugos por el atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos.
El juicio en ausencia sólo podrá ser llevado a cabo en causas que cumplan con una serie de requisitos. En primer lugar, el imputado debe ser declarado rebelde. Es decir “conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos”. También si “se hubieren hecho intentos razonables por tenerlo” durante cuatro meses “desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional”.
El proceso
Según precisa el proyecto, el juicio en ausencia contempla que “en cualquier etapa del proceso el imputado podrá designar un defensor de su confianza”. Durante el proceso en ausencia no será requerida la presencia del imputado para ningún acto procesal. Asimismo “los derechos conferidos al imputado por este Código y por otras leyes aplicables serán ejercidos por su defensor”.
Además, garantiza que si “el imputado sometido a un proceso en ausencia que se presentare durante la realización del debate tendrá derecho a ser oído”. Por último, la iniciativa establece que para todo juicio en ausencia, el imputado tendrá un plazo de diez días para solicitar la realización de un nuevo juicio una vez conocida la sentencia condenatoria únicamente “si no hubiere tomado conocimiento del proceso en su contra” o si “no hubiere concurrido a la citación del tribunal debido a un grave y legítimo impedimento”.
Fuente: Ámbito
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