Los dos jóvenes acusados de matar a golpes a una nutria en Bahía Blanca, hecho que generó un fuerte repúdio tras viralizarse en redes sociales, aseguraron haber recibido amenazas y solicitarán a la Justicia que incorpore esos mensajes a la investigación.
Se trata de Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, quienes fueron denunciados penalmente luego de que se difundieran imágenes en las que se los observa atacando a un animal silvestre durante la madrugada del pasado sábado.
Según informó el medio local La Brújula 24, ambos jóvenes pretenden que los investigadores analicen sus teléfonos celulares para constatar la existencia de cientos de mensajes intimidatorios recibidos en los últimos días y que se evalúe la posible responsabilidad de quienes los enviaron.
Los dispositivos ya se encuentran en poder de la Justicia, ya que fueron secuestrados durante los allanamientos realizados la semana pasada en domicilios vinculados a los acusados.
El caso tomó notoriedad pública luego de que circulara un video en el que se observa cómo el animal, un roedor semiacuático también llamado coipo, es acorralado, golpeado y finalmente asesinado mientras los agresores registraban la escena con sus teléfonos.
En la grabación se escucha a uno de los involucrados realizar comentarios sobre el animal mientras se desarrolla la agresión. Las imágenes también muestran que una mujer presente en el lugar les pidió que se detuvieran, pero no logró frenar el ataque.
La difusión del video provocó una fuerte reacción social y derivó en una denuncia penal impulsada por Morena Loncaric. En la presentación judicial se señaló que el ejemplar ya había sido identificado días antes y que personal de Zoonosis había intentado localizarlo para rescatarlo.
De acuerdo con información publicada por distintos medios locales, los dos jóvenes son oriundos de Huanguelén y actualmente residen en Bahía Blanca, donde cursan estudios universitarios.
Tras la repercusión del caso, tanto ellos como sus familiares habrían restringido el acceso a sus perfiles en redes sociales o directamente los cerraron, luego de recibir cuestionamientos y publicaciones de repudio.
La investigación también sumó la intervención de la Municipalidad de Bahía Blanca, que el martes se presentó como particular damnificado en la causa. “Aquí en Bahía nos cuidamos y protegemos como comunidad, y los animales también merecen ese respeto y esa protección. Por eso el maltrato animal no puede ser nunca naturalizado ni considerado una conducta aceptable”, expresó el intendente Federico Susbielles al anunciar la decisión.
Según la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y las disposiciones contempladas en el Código Rural de la provincia de Buenos Aires, una infracción de estas características puede contemplar penas de hasta dos años de prisión.