Una investigación por un fraude millonario a Coca-Cola en Córdoba dejó a 13 personas imputadas por su presunta participación en una organización dedicada a comprar bebidas mediante el uso de tarjetas de crédito y débito ajenas. La maniobra habría provocado un perjuicio superior a los $119 millones a Embotelladora del Atlántico SA (Edasa), empresa encargada de comercializar productos de la marca.
El fiscal especializado en Cibercrimen, Franco Pilnik, acusó a los sospechosos por presunta asociación ilícita, defraudaciones reiteradas y tentativas de defraudación. La investigación alcanzó a comerciantes y responsables de establecimientos gastronómicos y recreativos de Córdoba, entre ellos el local bailable Divi y el complejo Chateau Padel.
El juez de Control y Faltas N° 7, José Milton Peralta, confirmó el requerimiento fiscal y rechazó los planteos de las defensas, publicó La Voz. Sin embargo, la causa todavía no llegó a juicio, ya que permanece bajo revisión de la Cámara de Acusación.
Cómo funcionaba el fraude millonario a Coca-Cola
Según la investigación, la presunta organización habría operado durante varios meses de 2024 mediante cuentas comerciales habilitadas en la aplicación Mi Coca-Cola Andina, utilizada por los clientes de Edasa para realizar pedidos y pagar mercadería.
Los comerciantes involucrados habrían facilitado sus usuarios y contraseñas para que los organizadores efectuaran compras utilizando datos de tarjetas bancarias pertenecientes a terceros, sin autorización de sus titulares.
Una vez aprobadas las operaciones, la distribuidora entregaba gaseosas, aguas, jugos y bebidas energizantes en los domicilios comerciales indicados. Posteriormente, los verdaderos titulares de las tarjetas desconocían los consumos y se generaban contracargos a través del sistema Prisma Payway.
Pérdidas superiores a los $119 millones
La maniobra habría permitido que los productos fueran entregados mientras los pagos terminaban revertidos, por lo que el perjuicio económico recaía sobre Edasa.
De acuerdo con la acusación, las operaciones vinculadas con las cuentas comerciales de César Alfredo Martínez y Andrés Gastón Gordillo habrían ocasionado pérdidas aproximadas de $117.675.000.
A esa cifra se sumaron otros $1.846.365 correspondientes a compras investigadas en comercios de los barrios Alberdi y Alto Alberdi. Además, los investigadores identificaron intentos de fraude por decenas de millones de pesos que no llegaron a concretarse.
Boliches y comercios bajo investigación
Uno de los principales capítulos de la causa involucró a Martínez, vinculado con CMGG Eventos y Producciones, y a Gordillo, relacionado con Divi Group.
Según la Fiscalía, entre fines de mayo y el 12 de junio de 2024 se realizaron numerosas compras mediante sus cuentas comerciales. La mercadería habría sido entregada en Divi y Chateau Padel, ubicados en avenida Cárcano al 1100.
La investigación también alcanzó a Lucas Correa Gaitán, vinculado con Nira SAS y el establecimiento Black Sheep, situado en avenida Hipólito Yrigoyen 325.
Los investigadores recuperaron una conversación en la que Gordillo le habría ofrecido una compensación económica a cambio de facilitar las credenciales de una cuenta comercial.
Una operación sospechosa de $22 millones
Según la reconstrucción judicial, la propuesta consistía en entregar el equivalente al IVA más un 5% del valor de la compra. La operación proyectada superaba los $22 millones y habría representado una ganancia cercana a $1,1 millones para el comerciante, además del importe correspondiente al IVA.
Sin embargo, la transacción no pudo concretarse porque la aplicación había sido bloqueada. Este episodio fue considerado por el juez entre los indicios que respaldaban la acusación fiscal.
Quiénes habrían integrado la organización
La investigación atribuyó la conducción de la presunta banda a Alejandro Gastón Videla, quien permanece prófugo, Nahuel Moreno y Hugo Sebastián Guzmán.
Yanina Verónica Moreno y Andrés Gastón Gordillo habrían cumplido funciones de organización y reclutamiento de comerciantes con cuentas habilitadas para realizar pedidos.
Entre las pruebas reunidas se incorporaron peritajes de teléfonos celulares, conversaciones de WhatsApp, transferencias bancarias y registros digitales de acceso a las cuentas comerciales.
Los investigadores también detectaron que algunas cuentas habían sido utilizadas desde diferentes dispositivos y que, después de determinados bloqueos, se habrían registrado nuevos correos electrónicos para intentar recuperar el acceso.
La decisión judicial y la situación de los imputados
Las defensas cuestionaron la acusación y sostuvieron que no existían pruebas suficientes para demostrar que todos los involucrados conocieran las maniobras fraudulentas. En particular, la defensa de Martínez argumentó que Gordillo habría utilizado la aplicación sin su consentimiento y que su representado también había resultado perjudicado, publicó La Voz.
Aunque el juez reconoció elementos que podían respaldar esa interpretación, consideró que existían indicios suficientes para mantener la acusación y permitir su discusión en un eventual juicio.
Los 13 acusados son Nahuel Moreno, Hugo Sebastián Guzmán, Yanina Verónica Moreno, Andrés Gastón Gordillo, César Alfredo Martínez, Mayra Daniela Barcia, Mauricio Ezequiel Bazán, William Alexis Collet, Gonzalo Gabriel Cordero, Lucas Correa Gaitán, Gonzalo Gabriel Heredia Peña, Germán Mario Ichazo y María Celeste Torres.
Las imputaciones comprenden distintos grados de participación en la presunta asociación ilícita y en las defraudaciones investigadas.
Hasta el momento, ninguno de los imputados fue condenado por estos hechos. La causa deberá superar la revisión de la Cámara de Acusación antes de avanzar hacia una eventual instancia de juicio.