La inflación volvió a convertirse en uno de los principales desafíos económicos para el Gobierno luego de 10 meses consecutivos de aceleración que llevaron el índice nacional al 3,4 por ciento en marzo. Aunque abril mostró algunos datos más alentadores, mayo aparece cargado de aumentos que vuelven a sembrar dudas sobre la posibilidad de perforar rápidamente el piso del 2 por ciento mensual.
La principal señal positiva para la Casa Rosada llegó desde la Ciudad de Buenos Aires, donde la inflación de abril fue de 2,5 por ciento. Ese dato alimentó el optimismo oficial de que el salto inflacionario de marzo habría sido transitorio.
Sin embargo, los analistas ya anticipan que mayo volverá a mostrar presión sobre los precios por una nueva ronda de aumentos regulados que impactarán sobre el bolsillo de los hogares urbanos.
Durante este mes subirán 18 por ciento los trenes del AMBA, 5,6 por ciento el gas, 3,9 por ciento las prepagas, 3,5 por ciento los peajes, internet y telefonía celular, 3 por ciento el agua, 2,5 por ciento la electricidad y 2 por ciento los combustibles y colectivos.
Ahí aparece el principal dilema económico del Gobierno: cómo desacelerar la inflación mientras continúa aplicando aumentos mensuales sobre tarifas y servicios básicos para sostener el ajuste fiscal.
La apuesta del equipo económico es que esos incrementos tengan un impacto limitado y no alteren la tendencia general de desaceleración. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró en los últimos días que marzo habría sido “un pico” y que desde abril comenzaría nuevamente una baja gradual de la inflación.
En el Gobierno sostienen que las subas tarifarias forman parte de una corrección de precios relativos que habían quedado atrasados durante los últimos años y que, una vez absorbido ese impacto, la inflación retomaría el sendero descendente.
Pero varios economistas advierten que el problema no pasa solamente por el impacto directo de las tarifas, sino por el efecto que esos aumentos generan sobre las expectativas y el resto de los precios de la economía.
Martín Burgos, director de la consultora Lado B, sostiene que las subas reguladas “le ponen un piso a la inflación futura”, alimentando lo que se conoce como inflación inercial.
“La inflación inercial es la tendencia de los precios a seguir aumentando a un ritmo similar al del pasado, impulsada por expectativas y mecanismos de indexación como contratos, salarios y alquileres”, explica Burgos.
Según el economista, esa dinámica ya empieza a trasladarse a las negociaciones salariales. “El techo de las paritarias pasó de aumentos del 1 por ciento mensual al 2 por ciento mensual”, afirma. Y agrega que el Gobierno “debe revisar la idea de que la inflación arranque con 0 este año”.
Burgos además advierte sobre nuevas presiones internacionales vinculadas al aumento de commodities como la carne y el petróleo, con impacto sobre alimentos y combustibles.
Una mirada similar plantea Guido Zack, economista de Fundar, aunque con foco en el ajuste fiscal. “El plan del Gobierno no es bajar la inflación en el corto plazo”, sostiene el economista, a contramano de las reiteradas declaraciones públicas de Caputo sobre una desaceleración rápida de los precios.
Según Zack, las medidas buscan principalmente reducir subsidios sobre gas, agua, luz, colectivos y trenes para sostener el equilibrio presupuestario en medio de una recaudación debilitada. “El equilibrio fiscal ayuda a bajar la inflación en el largo plazo, es una condición necesaria pero no suficiente”, afirma.
El economista además advierte que “el Gobierno busca acomodar precios relativos y eso genera inflación en el corto plazo. Es inflación no monetaria”. La definición abre además una discusión incómoda para el discurso libertario, que suele asociar la inflación exclusivamente con la emisión monetaria. Zack deja planteada la principal duda hacia adelante: si este ajuste de tarifas alcanzará para estabilizar los precios relativos o si terminará generando un “círculo vicioso” de nuevas remarcaciones en toda la economía.
Fuente: La Politica Online