Preocupación por el robo de transformadores eléctricos para vender el cobre

    Abr 16, 2022

    El robo de transformadores eléctricos con la finalidad de extraer el cobre que contienen en su interior y venderlo en el mercado ilegal, se ha vuelto una constante que afecta a las cooperativas eléctricas y distribuidoras de distintos puntos del país, y en particular a la usina de Gualeguaychú.

    “La problemática afecta principalmente a los sectores rurales y provoca cuantiosas pérdidas que deben ser afrontadas por toda la comunidad”, explica Nahuel Otero, titular de la empresa energética de Gualeguaychú.

     

    Este delito, que en sus comienzos surgió como casos de oportunismos aislados, hoy posee una organización tal que lo han convertido en algo difícil de erradicar. Por ello es sumamente necesario crear una trazabilidad de la cadena de comercialización, pues todo termina en una fundición o en el contrabando a otros países.

     

    En febrero pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), durante un control fronterizo en la localidad de Clorinda, desarticuló una maniobra de contrabando de 140 toneladas de cobre valuadas en más de 100 millones de pesos. Las piezas encontradas eran desperdicios metálicos, de aleación de cobre con estaño y se sospecha que se obtuvieron a partir de cables robados.

     

    “Es necesario utilizar todos los recursos disponibles, pues apuntar sólo a los que ejecutan materialmente el robo en sí, es correr al problema desde atrás, pues tienen la ventaja de la sorpresa sobre algo que es difícil de custodiar, ya que los transformadores están dispersos en grandes territorios de la vía pública o de fácil acceso desde ésta, particularmente en zona rurales o despobladas”, indicó Otero.

     

    El presidente de la Cooperativa Eléctrica destacó que, “si bien al sector eléctrico lo que más le preocupa es el cobre que roban luego de la destrucción de los transformadores, o de algún conductor, es fundamental comprender que este delito no afecta solo a una empresa o a una cooperativa en particular, sino que nos afecta a todos como sociedad”. “El robo de cables o transformadores que en primera instancia es una pérdida para las cooperativas, a la postre, se verá reflejado inexorablemente en los aumentos de tarifa del servicio prestado”, remarcó.
    En relación a ello, Otero reflexionó: “Este delito tiene en general poca presión social como para evitarlo, pues en las localidades pequeñas optan por las zonas rurales, y en las más grandes las personas parecen no ver nada pues piensan que solo se trata de pérdidas para empresas que no gozan de su estima”.

    Y remarcó que “la magnitud del daño causado, frente a lo que queda en el sistema después de reciclarse delictivamente el producto, es comparable a bombardear una ciudad para vender sus escombros, que seguramente será un valor importante, pero insignificante frente al valor de lo destruido”.

     

     

    Debe considerarse, que las instalaciones del usuario también sufren este flagelo ya que son parte de la red, en general por estar conectada a un servicio que requiere continuidad de punta a punta. El robo de cables y transformadores no afecta solo a una empresa, indefectiblemente nos perjudica a todos como sociedad.

     

    “En el caso de nuestra Cooperativa, la misma pertenece a toda la comunidad de Gualeguaychú y el daño que se provoca nos afecta por igual y lo pagamos entre todos. En ese marco, entendemos que para mitigar este problema resulta necesario el armado de una legislación específica ya que se está atentando contra servicios públicos, empeorando su calidad por la interrupción y el encarecimiento de los mismos”, opinó.

     

    Por último, Otero aseguró que “el uso de la tecnología será fundamental para la detección temprana del delito, lo que debiera impulsar al Estado a poner a disposición líneas de créditos para que las prestadoras puedan invertir en hardware, software y mejora de las comunicaciones para tal fin”. “Así también, las tareas de inteligencia serán las más efectivas contra este flagelo, pues la magnitud del negocio ha fomentado la aparición de nuevos implicados como actores, no solo en la etapa del robo en sí, sino que también en el almacenaje y reducción de estos elementos que son estratégicos para el sistema energético de nuestro país”, finalizó.