Paraná: El rechazo a la torre en Bajada Grande llegó a la Justicia

Abr 16, 2022

La construcción de una torre sobre Avenida Estrada, en Bajada Grande, primero tuvo reproche social y expresiones de rechazo de parte de organizaciones sociales y de profesionales. Pero ahora el tema se debate en un pleito en la Justicia. La Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer)  realizó la presentación en la Justicia, que acompañó con una medida cautelar.

Aunque un primer intento cosechó un rechazo.

Una medida cautelar pedida el 5 de este mes por la abogada María Emma Bargagna, en su carácter de apoderada de Proconsumer con patrocinio letrado de  María Aldana Sasia, y presentada contra la Municipalidad de Paraná, el Fideicomiso Signature y la empresa constructora  CDS Desarrolladora, en la que solicitó que se ordene suspender la construcción del edificio que se levanta en Avenida Estrada 3267, hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva en la causa «Harari Valeria y Otro  c/Municipalidad de Paraná  s/ Ordinario», tuvo un revés.

«De manera preliminar cabe señalar que las medidas cautelares se hallan supeditadas al cumplimiento de ciertos requisitos, dentro del cual la verosimilitud del derecho invocado, como el peligro en la demora, revisten especial trascendencia. Y en particular, la medida cautelar de no innovar supone la adopción de un remedio procesal que debe aplicarse con criterio restrictivo», entendió el juez Coglionese, que concluyó que «no surge prima facie -de las constancias acompañadas- la verosimilitud del derecho invocado, máxime cuando lo que se cuestiona es un acto administrativo dictado por la Municipalidad de Paraná que se presume legítimo (Decreto de factibilidad para la construcción), por lo que estimo que la medida peticionada no resulta admisible en esta oportunidad procesal, debiendo discutirse con mayor amplitud lo peticionado. En consecuencia, (…) corresponde desestimar el pedido interpuesto».

 

 

Pero el pleito continúa.

Ahora, informes técnicos presentados ante la Justicia advierten sobre la carencia y los déficits en los estudios diagnósticos geotécnicos, topográficos, hidrológicos y estabilidad de suelos del proyecto de edificio en altura en la zona de Bajada Grande de Paraná que lleva adelante el fideicomiso Signature Estrada. La presentación de las pericias llevadas adelante por una consultora y un estudio de ingeniería fue adjuntada junto con el pedido de suspender las polémicas obras en la barrancas frente al río, que tramita el Juzgado Civil y Comercial N°, a cargo del juez Juan Carlos Coglionese.

En el escrito ingresado por Proconsumer plantea que la Municipalidad de Paraná debe actuar y exigir a los responsables “cumplir las normas mínimas ambientales”, pero el juez Juan Carlos Coglionesse desestimó la documentación y ahora su resolución sería apelada.

En un informe publicado por revista Análisis se dio a conocer la demanda de Proconsumer, una organización ciudadana sin fines de lucro que interpuso una “medida cautelar de prohibición de innovar contra la Municipalidad de Paraná, el Fideicomiso Signature y la empresa constructora CDS Desarrolladora, solicitando que se ordene suspender la construcción” de la torre en avenida Estrada N° 3.267, situada en el barrio de Bajada Grande de Paraná. Se trata de la torre de 15 pisos con dos cocheras subterráneas que se levanta en las barrancas que dan al río y es resistida por vecinos de la zona argumentando que el proyecto fue aprobado con un estudio de impacto ambiental “flojo de papeles” y en colisión con las normativas de edificación en conflicto con el Código Urbano vigente de la zona para ese distrito.

La presentación se realizó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de Paraná, a cargo de Juan Carlos Coglionesse, quien lleva otra causa de una ciudadana particular contra la Municipalidad por el mismo reclamo, y por la cual por Proconsumer pide como medida que se frene la obra hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, según pudo averiguar ERA Verde.

Como se recordará, en septiembre de 2021 vecinos de Bajada Grande amanecieron con los ruidos de topadoras de tierra y la instalación de un obrador en la intersección de Estrada y Eslovenia. Con estos primeros movimientos se enteraban de la construcción de una torre de departamentos de lujo en ese lugar y el plan de otra más de 10 pisos al lado de la ex Fábrica de Portland. El emprendimiento bajo la denominación Fideicomiso Signature Estrada es llevado adelante por el grupo inmobiliario Dujovne, quien comercializa los futuros 64 departamentos de dos y tres dormitorios con dos cocheras por unidad habitacional en dos niveles de subsuelos. La sorpresa de los pobladores fue mayor al comprobar que los trabajos habían sido aprobados por la gestión municipal anterior y con un diseño reñido con el marco normativo para esa zona, denominada UR6, que establece ciertas restricciones técnicas de seguridad y de organización urbana para los edificios en altura. Se aprobó “en la zona gris” existente en el Código Urbano vigente, dijo un arquitecto que participó de ese proceso cuando se trató el permiso en la Comisión Permanente de Revisión y Actualización de la Normativa de Planeamiento Urbano del Concejo Deliberante.

 

A la Justicia

La controversia por la obra de la torre de Estrada fue mitigada de algún modo por la actual administración municipal de Adán Bahl al señalar que los permisos los había otorgado la anterior cuando el intendente era Sergio Varisco. No obstante, los reclamos pasaron a transitar por tribunales. En este último caso, el juez en lo Civil y Comercial N° 1 dcice Paraná, Juan Carlos Coglionesse, recibió el planteo de Proconsumer con María Emma Bargagna como apoderada y el patrocinio legal de Aldana Sasia. La medida cautelar que pide la ONG es el cese inmediato y paralización de obras de Signature Estrada, demanda que sostiene a partir de informes técnicos de un bufete de ingeniería y una consultora que realizaron una serie estudios donde se plantean serias deficiencias a la evaluación de impacto ambiental del proyecto. El pedido es que se paralicen los trabajos hasta tanto se cuente con información seria que cumpla ante el municipio. “La construcción del edificio en cuestión no debe continuar sin que previamente la Municipalidad de Paraná exija a sus responsables cumplir las normas mínimas ambientales que aseguren a la actora y a la comunidad que no sufrirán peligro” señala el escrito.

En las consideraciones dice que se “persigue evitar el daño previsible y de imposible reparación que podría causar la obra edilicia mencionada, autorizada de modo irregular. La medida que se solicita pretende que la situación de riesgo no se profundice y agrave evitando daños irreparables al ambiente y al territorio que le circunda”. Y se advierte que en el caso de avanzar en la construcción “las condiciones riesgosas aumentarían porque el Edificio fue autorizado sin que se cumplieran presupuestos mínimos inderogables que protegen derechos humanos y ambientales”.

Los fundamentos del pedido ante la Justicia están sostenidos por un estudio que realizó la consultora GEA Ingeniería y Medio Ambiente de la ciudad de Santa Fe que fue especialmente contratada para aportar una mirada técnica, así como el evaluación del Estudio del ingeniero civil Beltrán Raúl Uranga, ambos incorporados al escrito a Coglionesse.

“De acuerdo a los resultados del peritaje, no están dadas las condiciones para que se inicie la obra porque los estudios no eran suficientes”, sintetizó Sasia. En efecto, los exámenes revelan las profundas deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental, así como que el diseño no se ajusta al diseño urbanístico del barrio. Del mismo modo se observa la laxitud oficial a la hora de otorgar la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA). Las observaciones más relevantes apuntan a la falta de diagnósticos adecuados tanto en los aspectos geotécnicos, topográficos, hidrológicos de suelos y estabilidad de barrancas. Este último punto se presenta como de gran preocupación ya que en la zona vecinos de Puerto Viejo el mes pasado denunciaron deslizamientos de tierras luego de una copiosa lluvia.

 

 

 

El río ignorado

 

Entre las consideraciones del estudio de Uranga, se hace referencia a la “prospección geotécnica” de la obra que si bien es pormenorizada en el lote donde está situada, “no hay ninguna información geotécnica de las áreas próximas: barrancas, calle Estrada, zona edificada entre esa calle y el río y el río mismo”, se apuntó. “En el área se pueden tener sorpresas respecto del suelo. Toda la zona fue explotada como cantera por lo que es posible tener cambios inesperados de suelos. Hay sectores naturales inalterados y otros, meramente rellenados, sin capacidad portante, Estas irregularidades se han disimulado, por decirlo de algún modo, con el movimiento de suelos que acondicionó el lugar para su loteo”, se hizo referencia, para agregar que “se descuenta que el suelo más próximo al río y del lecho es muy diferente al detectado y, además, variable”.

 

En cuanto al aspecto topográfico se observa que “en los estudios de estabilidad no se aprecia ninguna planialtimetría, en la que se pueda apreciar las curvas de nivel y la ubicación de los distintos elementos y construcciones que deberían tenerse en cuenta en aquellos. No se tiene ninguna medición del borde costero y el río. Es clave el perfil de la costa y el lecho. Se ignora, por ejemplo, si la pendiente es pronunciada, por la proximidad del canal”. Tampoco “hay información del relieve en cuanto a lo que puede ser el escurrimiento superficial. La obra está a los pies de terrenos más altos que descargarán el agua de lluvia de un modo que no se ha tenido en cuenta”. Y que “en la zona se tiene un muy precario sistema de drenaje pluvial; en particular en calle Estrada y desde ésta hacia el río. Y se desconoce la situación de las calles internas del loteo general”.

 

Uranga realiza el informe en base a la información presentada, al tiempo que alerta que sobre los desagües “no se aprecia ninguna consideración al respecto. No hay documentación: ni de los desagües pluviales de la zona; ni de los tendidos cloacales y de agua corriente”.

 

Por su parte, el informe de GEA firmado por la ingeniera ambiental Alejandra Prono, se indica que “la tipología del proyecto que obtuvo la Factibilidad de Anteproyecto municipal, en el lugar donde se propone su emplazamiento, no se corresponde ni es coherente y se opone a lo planificado estratégicamente para dicha área ribereña y barrio de Bajada Grande”.

 

La consultora santafesina indica que el Estudio de Impacto Ambiental presentado sobre Signature Estrada “no cuenta con la información técnica ambiental sobre el proyecto ni sobre los estudios de base realizados (de suelo, geotécnicos, hidrológicos y de estabilidad de barranca) requeridos para hacer una adecuada y correcta identificación y valoración de los Impactos Ambientales (IA)”. En cuanto al Plan de Gestión Ambiental (PGA) del proyecto “no se corresponde con la magnitud y envergadura del proyecto descripto en el cuerpo del EsIA, y ambos documentos (EsIA y PGA) con la magnitud de los trabajos a implementar en la obra” y resalta que “no se realizaron instancias de Participación Ciudadana durante el proceso de Evaluación Ambiental del Proyecto”.

 

Muchas dudas

 

Para GEA “los fundamentos ambientales que llevaron a la resolución de emisión del CAA (Certificado de Aptitud Ambiental) por parte de la Municipalidad, se respaldan en las conclusiones de un Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto de dudosa calidad e incompleto, que incluso dichos resultados y conclusiones pueden ser distorsionadas, que no se corresponden con los IA esperados, ni con las medidas de gestión ambiental y social propuestas en el PGA. A su vez se fundan en resultados de estudios técnicos de suelo, geotécnicos, hidrológicos y de estabilidad de barranca, ejecutados en forma complementarias entre sí y no considerados dentro del EsIA (ya que se ejecutaron en forma posterior a éste), que admiten, al menos, una revisión previa a la ocurrencia de posibles desplazamientos de movimientos en masa en la barranca, como lo indica resultados de un Informe de Ingeniería presentado, revisión que fuera indicada también por el propio personal municipal, tal como consta en una actuación administrativa del Expediente”.

 

En síntesis, fustiga el estudio, “las instancias ambientales relativas al proyecto del Edificio Signature Estrada de Bajada Grande, manifiestan una falta de claridad (y en algunos aspectos también de calidad) en todo lo que fue su abordaje y tratamiento ambiental, tanto la ejercida por parte del Proponente del Proyecto como por parte de la Municipalidad”.

 

La cautelar solicitada por Proconsumer fue rechazada in limine por el juez Coglionesse, sosteniendo que no considera prima facie verosímil el “derecho invocado” y “máxime cuando lo que se cuestiona es un acto administrativo dictado por la Municipalidad de Paraná que se presume legítimo (Decreto de factibilidad para la construcción)”. Desde el patrocinio legal no se acuerda con la resolución del magistrado y se sostiene como argumento de peso la evidencia de posibilidad de daño en base a los estudios de suelos que revelaron los informes. La resolución ante las pruebas, entiende la demanda, evidencia cierta impericia en el obrar del juez por lo que su resolución será apelda, se adelantó desde el patrocinio legal. “Sólo legitimar la medida porque fue emitida por el Ejecutivo municipal ante la amenaza de daño creemos que es un error. Hay antecedentes suficientes como para haber ordenado la medida ya que hay estudios que lo sustentan”, se argumentó.

 

 

Fuente: Redacción de Entre Ríos Ahora