Ley Bases: cómo quedan los cinco puntos más discutidos en su vuelta a Diputados
El Gobierno nacional se encuentra ultimando detalles para poder aprobar la Ley Bases en Diputados y de esta manera avanzar hacia una segunda etapa del mandato. Para ello, el oficialismo insistirá con la sanción del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales, así como con las privatizaciones y se reunirá con los “dialoguistas” hoy, para terminar de ajustar rispideces. ¿Cuáles son los puntos claves para los libertarios?
Si bien Guillermo Francos, jefe de Gabinete, descartó que hubiera cualquier pacto con la oposición dialoguista en esos temas, desde la UCR confirmaron en diálogo con El Cronista que, hoy mantendrán una reunión con el Gobierno nacional para ver cómo encaran el dictamen.
El PRO, el radicalismo y la gran mayoría de Hacemos Coalición Federal junto a los bloques provinciales accederán a estas medidas pese a que el Senado (y los gobernadores dialoguistas) impusieron otras medidas.
El debate en torno a la lista final de las privatizaciones
El Senado, como pedido clave de algunos gobernadores, decidió sacar de la lista de empresas a privatizar que había llegado de Diputados a Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Aerolíneas Argentinas.
Por este motivo, quedaron sólo Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Energía Argentina, Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas y SOFSE (Ferrocarriles).
Francos admitió que “hubo que sacarlas” por la falta de votos en el Senado, pero aseguró que “si Diputados insiste con las privatizaciones, estamos totalmente de acuerdo”.
En la previa al llamado a comisiones para tratar el proyecto el próximo jueves, Francos subrayó: “Queremos avanzar en este proceso de quitarle al Estado la decisión de empresas que son públicas”.
De esta manera respondieron al reclamo de la UCR, quienes el viernes confirmaron su apoyo a la privatización de Aerolíneas sólo si el Gobierno explicitaba su pedido.
“La privatización de Aerolíneas tiene que ser aclarada. Si contó con un acuerdo de Senadores y el gobierno, o si simplemente no obtuvo el número en el recinto. Nuestro bloque ya por una amplia mayoría, se expresó al respecto”, indicó el presidente de la UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo, a través de su cuenta de X.
Y añadió: “Es inconcebible que una empresa aérea que tiene un déficit diario de 1.400.000 dólares sea sustentado por los sectores más humildes para que viajen los más pudientes con tarifas subsidiadas. Las rutas menos comerciales pueden ser cubiertas por las exigencias regulatorias por las empresas privadas. Son falsos los argumentos contrarios”, consideró.
Desde el bloque de la UCR no precisaron a qué pasaría con las otras dos empresas que habían sido sacadas por los senadores: Correo Argentino y RTA.
Qué pasará con el Impuesto a las Ganancias
Con 31 votos a favor y 41 en contra, la propuesta del oficialismo de volver al esquema de Mínimo No Imponible (MNI) y deducciones, que llevaba a que lo paguen los solteros a partir de $ 1,8 millones y los casados con dos hijos desde $ 2,3 millones brutos, no obtuvo la mayoría en la Cámara alta.
La restitución del impuesto a las ganancias es uno de los puntos claves en los que el gobierno insistirá en Diputados. Al restituir el impuesto a los asalariados de la cuarta categoría pretenden suplir el desfinanciamiento a las provincias.
“El Gobierno estima recaudar 0,31% del PBI por este tributo (…). Actualmente, tributan 195.729 contribuyentes y pasarían a tributar 1.150.000 contribuyentes”, destacaron en el informe que presentó el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse en el Senado.
Francos subrayó el domingo la importancia de estos impuestos para las finanzas provinciales. “Lo consideramos un tema que favorecería mucho a las cuentas provinciales”, dijo Francos, quien añadió: “Son recursos de mucha importancia para las arcas provinciales”.
Diferencias
El impuesto a las ganancias es un parteaguas entre los gobernadores. Las provincias patagónicas son las más afectadas por el tributo y fueron las que insistieron para rechazar dicho punto en el Senado, mientras que las provincias del norte argentino insisten en su aprobación.
Los gobernadores del norte argentino se reunieron el pasado 20 de junio con Javier Milei y aprovecharon la ocasión para expresar sus demandas, encabezadas por la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Además, los mandatarios entregaron a Milei una copia del Pacto de Güemes, documento en el que reclaman un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos y el proyecto del corredor Bioceánico.
Desde la UCR también aseguraron que acompañarían la restitución del Impuesto a las Ganancias. “La restitución de la cuarta categoría tiene que ser un pedido explícito del gobierno. Es un impuesto sano y progresivo”, indicó de Loredo, quien marcó que, a cambio, el ministro de Economía, Luis Caputo, debe comprometerse a reducir el impuesto PAIS, tal y cómo lo declaró en público días atrás.
De aprobarse el texto original aprobado en Diputados se descartaría la modificación que había introducido el Senado-y fue rechazada- que era un diferencial de 22% para las provincias patagónicas.
El futuro del RIGI
El Senado aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal con cambios, en especial en uno de los puntos que más polémica suscitó en el debate en comisiones: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Entre los cambios se incluyó el detalle de los sectores que pueden adherir, un porcentaje mínimo de desarrollo de proveedores locales del 20% de la inversión y cambios en el esquema de acceso a divisas de libre disponibilidad. El proyecto que aprobó el Senado incluye la obligación de destinar el 20% de la inversión a compras a proveedores locales.
El jefe de Gabinete defendió este fin de semana las modificaciones en el Régimen de Inversión para las Grandes Inversiones (RIGI), descartando la eliminación de los ítems en la Cámara alta, a pesar de las críticas de algunos senadores opositores como el radical Pablo Blanco. “Es una política del Gobierno disminuir las empresas del Estado. Creemos que todas deberían estar”, reiteró Francos.
Cómo queda Bienes personales en la Ley Bases
Con 37 votos en contra y 35 a favor, el Senado se opuso el Título 3 del paquete fiscal que introducía cambios en el régimen de Bienes Personales. El texto que se había aprobado en general proponía subir el mínimo no imponible de Bienes Personales de $ 27 millones a $ 100 millones, una reducción de alícuotas a un rango que va del 0,5% a 1,5%, cuando hoy llegan al 1,75%, y un aumento del monto de la vivienda exenta de $ 350 millones, entre otras modificaciones.
Desde el Gobierno ya cuentan con el apoyo de los bloques dialoguistas para insistir con el texto aprobado en Diputados. “Si el gobierno necesita que bajemos el impuesto a los bienes personales, que le implica una recaudación menor al gobierno de 0,6 del PBI, lo vamos a conceder”, estimó De Loredo.
¿Cambios a la Reforma Laboral en Diputados?
Bajo el título “Promoción del empleo registrado” se incluyó dentro del dictamen de la Ley Bases que se aprobó en el Senado una reforma laboral que cambiará las relaciones de trabajo en Argentina. Hasta el momento, el Gobierno no insistiría en la redacción original en Diputados.
Por un lado, la ley propone condonar infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza y extinguir acciones penales por evasión de aportes a los empleadores. Además, se da de baja el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repasal) y la condonación de deudas por capital e intereses que surjan de la falta de pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social.
En cuanto a los convenios colectivos de trabajo, la Ley Bases habilita que sustituyan las indemnizaciones por despido por la constitución de un fondo de cese laboral. Aún así, no hay aclaraciones sobre la forma final de ese fondo de cese ni como se impondría, sólo se indica que será “según disponga el Poder Ejecutivo”.
Asimismo, los empleadores podrán optar entre contratar un servicio privado o autoasegurarse. El proyecto además elimina indemnizaciones punitorias que tenía la antigua legislación laboral. Y extiende el período de prueba de 3 a 6 meses, incluso pudiendo llegar a 12 meses dependiendo de la actividad.
Si bien el gobierno no ha anunciado ningún cambio en este aspecto, desde la UCR buscan que el gobierno acceda a volver a tratar la restitución del artículo 62 del apartado de modernización laboral, que permitía que las cuotas de solidaridad no fueran cobradas a quienes no están afiliados al sindicato sin su expreso consentimiento.
El radicalismo también pretende insistir con el texto que proponía mejorar la recaudación quitando privilegios tributarios a sectores como el de Tierra del Fuego.
Fuente: El Cronista
DEJÁ TU COMENTARIO: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad legal de sus autores.