Luego de que el Gobierno de Javier Milei despida a más de 250 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y que se expandió en los últimos días, la Justicia indicó la obligación del Estado a resguardar los sitios de Memoria. Así lo indicó el juez federal Ariel Lijo, quien habría sido elegido por el presidente para integrar la Corte Suprema de Justicia.
De esta manera, la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alberto Baños, deberá resguardar los sitios de Memoria de los excentros clandestinos de detención y tortura de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Lijo pidió que se mantengan “las actividades que se encuentren abiertas al público en dichos sitios.
En la resolución se exige que se garantice na dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria que funcionan en los ex CCDT (centros de detención y tortura). ‘Olimpo’, ‘Club Atlético’, ‘Automotores Orletti’ y ‘Virrey Cevallos’ son los espacios nombrados.
Además se sostiene la necesidad de realizar trabajaos de mantenimientos, conservación, preservación del edificio y de limpieza diaria de estos espacios.
Celebración
La resolución judicial hizo lugar al requerimiento de la diputada porteña de Unión por la Patria y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro. Ella había solicitado la protección de los sitios y rechazado los despidos del personal de la secretaría de Derechos Humanos nacional. Por esas mismas razones, la legisladora también presentó una denuncia penal contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Tras la decisión de la Justicia, la diputada kirchnerista e hija de militantes del ERP desaparecidos por la dictadura afirmó: “Frente a la avanzada de este Gobierno, que desmantela las políticas de derechos humanos y ataca a los organismos, conseguimos un pronunciamiento judicial que pone en valor los compromisos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.
Fuente: Perfil
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