El Gobierno nacional giró este miércoles al Senado el proyecto de ley de reforma electoral, con el que pretende eliminar las elecciones primarias (PASO), modificar el financiamiento de las campañas proselitistas e incluir “ficha limpia”, para que no puedan ser candidatos aquellos dirigentes que tengan una condena por corrupción en segunda instancia, iniciativa que fue rechazada hace un año en la Cámara alta.
El proyecto impulsado por el Gobierno ingresó al recinto a las 18.
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Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mediante la derogación del régimen vigente, junto con una serie de modificaciones en la Ley de Partidos Políticos que refuerzan los requisitos de afiliación, funcionamiento y reconocimiento de las agrupaciones.
La iniciativa también contempla la ficha limpia para que no puedan ser candidatos aquellos dirigentes que tengan una condena por corrupción en segunda instancia, que fue rechazada hace un año en el Senado.
El texto también introduce cambios en el financiamiento de la política, con nuevas reglas sobre aportes públicos y privados, controles más estrictos y límites a las contribuciones, en el marco de una reforma que apunta a redefinir el funcionamiento del sistema electoral en su conjunto.
Hay otras novedades. Para ser considerado partido nacional hay que tener presencia en diez distritos y no en cinco como hasta ahora. El proyecto elimina a su vez los espacios publicitarios gratuitos y los partidos podrán optar por la renuncia al aporte público anual que les correspondiere.
Además de agregar un casillero que permita votar la lista completa en la Boleta Única de Papel (BUP), el artículo 25 permite que en elecciones simultáneas con provincias, la BUP incluya cargos locales en la parte inferior, con casillero de lista completa también para esas categorías. Esto podría hacer que los gobernadores integren la boleta nacional con la provincial.
El Gobierno celebró la iniciativa en un tuit de la Oficina del Presidente de la República, en el que destaca el ahorro, ya que en las PASO de 2023 el Estado debió insumir 45 mil millones de pesos.
El texto apunta que “el sistema electoral argentino tiene un problema de fondo: es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia insensatamente a la dirigencia política”. El Gobierno con un jefe de Gabinete que no puede explicar su patrimonio se preocupa por la “plata negra”.
Fuente: Pagina 12