Luego de la solicitud realizada por Cristina Fernández y Amador Boudou para restablecer sus jubilaciones, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) la rechazó. Según informaron, se debe a que cuenta “con una sentencia definitiva por la comisión de un delito contra la Administración Pública”, indicó el organismo.
Como resultado, la ex mandataria no recibirá los 32 millones de pesos mensuales en concepto de su jubilación. La asignación había sido suspendida tras la confirmación de la condena por corrupción en la causa Vialidad. CFK aún tiene la posibilidad de acudir a la Justicia Federal de la Seguridad Social para solicitar la restitución del beneficio.
“La pensión de los ex presidentes no se otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como presidentes de la Nación”, había expresado la ex presidenta. “El mal desempeño sólo lo puede juzgar el Congreso de la Nación a través del proceso constitucional de juicio político, durante el ejercicio del mandato”, sostuvo.
El abogado de la ex mandataria, Facundo Fernández Pastor, argumentó que la decisión “viola derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”. En noviembre de 2024, el Gobierno revocó la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner y oficializó la medida a través del Boletín Oficial.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, indicó que “la baja no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la Justicia”. En cambio, sostienen que se debe a “la indignidad política que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta”.
La negativa a Boudou
En el caso de Boudou, el Gobierno le revocó la jubilación de privilegio días después de la medida adoptada contra Cristina Kirchner, decisión que también fue ratificada en el Boletín Oficial. Tras conocerse la medida, Boudou presentó un recurso administrativo para solicitar la restitución de su asignación. La administración, además de rechazarlo, le exigió la devolución de 280 millones de pesos que había percibido por este concepto.
El organismo enfatizó que “tiene una condena firme ratificada, primero por la Cámara Federal de Casación Penal y, luego, por la Corte Suprema de Justicia”. La administración determinó que no cumple con el “único requisito exigido” para acceder al beneficio: “Honorabilidad, mérito y buen desempeño”.
Fuente: Perfil
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