Entre Ríos se encuentra en alerta ante la desfinanciación de Vialidad Nacional, un organismo clave para el mantenimiento y desarrollo de las rutas nacionales.
Raúl Meza advirtió que “el gobierno nacional vuelve a arremeter de los trabajadores de Vialidad Nacional y en esta situación largan un decreto que es el 253 del mes pasado en abril donde le dan territorio de las rutas nacionales a las provincias”. Según Meza, esta medida no garantiza inversiones privadas reales y compromete la seguridad y la conectividad de la región.
El recorte impacta principalmente en la ruta nacional 12, y el sindicato local ha mantenido reuniones con legisladores provinciales para discutir el alcance de la medida. Meza subrayó que “si Vialidad Nacional, un organismo que está estructurado para llevar adelante las tareas en las rutas nacionales, está financiado, ¿qué podemos esperar que un privado venga a invertir y a mejorar las condiciones de las rutas en las provincias?”. La preocupación central es que la supuesta inversión privada no cubrirá los costos y requerirá subsidios estatales. Más de 600 trabajadores se acogieron a retiros voluntarios en todo el país el mes pasado, y la reestructuración del organismo abre la puerta a nuevos despidos.
Impacto en la seguridad vial y en los usuarios
El traslado de rutas nacionales a las provincias podría implicar peajes para sostener el mantenimiento. Raúl Meza alertó que “para poder llevar adelante tareas en estos tramos lo van a llevar con un peaje que le va a costar al usuario, obviamente al transportista, al turismo, a la producción y no solamente eso, van a necesitar que lo subsidie el Estado nacional”. Esta situación genera preocupación en sectores productivos y en usuarios habituales, que podrían ver aumentados los costos por circular en rutas que históricamente fueron gratuitas.
La falta de pago a las empresas contratistas ya está afectando obras esenciales en Entre Ríos. Meza denunció que “las empresas que estaban trabajando en la provincia de Entre Ríos. Por ejemplo, en la 18, dos tramos, el tramo que va de Galarza a Crespo, se retiraron las empresas ya por falta de pago”. La propuesta de abonar con bonos refleja, según Meza, la imposibilidad de sostener inversiones privadas sin respaldo financiero estatal.
Los riesgos también incluyen la seguridad de los conductores. “Lo otro que tenemos que ver que es tan importante como el mantenimiento es la cantidad de muertos que tenemos en las rutas nacionales por no llevar adelante las tareas que tienen que tener”, afirmó Meza, destacando la urgencia de una intervención inmediata para evitar accidentes y tragedias.
Preocupación por los trabajadores y la soberanía nacional
El conflicto no solo afecta la infraestructura vial, sino también a los empleados de Vialidad Nacional. Meza señaló que “cuando la provincia toma territorio sobre las rutas nacionales, está tomando territorio sobre lo que tienen los empleados de Vialidad Nacional y en ninguna de las charlas y ninguna de las manifestaciones que se llevan se habla qué va a pasar con ese plantel”. Los trabajadores reclaman garantías sobre sus puestos y condiciones laborales, ya que sienten que su futuro está en riesgo ante la transferencia de competencias a las provincias.
La situación genera incertidumbre sobre el rol del Estado y la prioridad que se le da a la inversión en infraestructura frente a la atención a los trabajadores. Meza enfatizó que la medida afecta la soberanía nacional y la capacidad de Vialidad Nacional para cumplir con sus funciones históricas, que incluyen garantizar la seguridad vial y la conectividad estratégica del país.
Fuente: Elonce