El gobierno nacional avanzará en los próximos días en un decreto para comenzar con un esquema de privatizaciones de rutas. De esa forma buscará deshacerse del mantenimiento para que se encargue una concesión. En ese proceso, el puente Rosario-Victoria tiene los primeros números para cambiar de concesionario tras una larga y revuelta historia.
Vialidad Nacional pondría en marcha de manera inminente el proceso de privatizar rutas aunque por el momento sólo empezará por el corredor vial 18. Actualmente está a cargo de Caminos del Río Uruguay (Crusa). Tiene la explotación de las rutas 12 y 14 y de la conexión vial a Victoria.
En este caso no será una privatización, sino una readjudicación a través de la nueva licitación. Hoy está en manos de Caminos del Río Uruguay SA, empresa que desde 1990 logró la concesión de obra pública para mejoras y administración del corredor 18. Luego, la empresa agregó la conexión física Rosario-Victoria, que se inauguró en 2004. “Se espera la firma del decreto que llame a licitación”, confiaron en el gobierno nacional.
El llamado a licitación del gobierno nacional se desarrollará en dos etapas. La primera está integrada por el Tramo Oriental (rutas de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires más el puente Rosario-Victoria) “con adjudicación prevista para abril de 2025”. La segunda etapa se piensa adjudicar después de mitad de año.
Se concesionarán 8.470 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales SA, sumando otras rutas que hasta ahora no estaban concesionadas.
La concesión del puente Rosario-Victoria
En relación de la traza que une Rosario con Victoria, en 1996 se reformuló el contrato de concesión de 1990 y se extendió hasta 2018 el plazo de concesión de todo el corredor. Luego tuvo algunas prórrogas hasta el 9 de abril próximo.
Esta prórroga generó críticas del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv). Se recordó que la empresa entró en concurso preventivo en 2023, lo que sería causal de extinción de contrato. La denuncia penal presentada por Jorge Zatloukal, integrante del Conaduv, puso bajo sospecha por corrupción la prórroga. Acusó de incumplimientos varios de contrato con varias multas en su haber.
“Nos encontramos frente a una prórroga y el contrato vencido desde hace tiempo, que extendieron a sola firma y sin mayores fundamentos. A simple vista implica una pérdida millonaria para el Estado”, precisó el denunciante en declaraciones a La Capital respecto a la presentación penal ante el Juzgado Federal Nº11 de Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini. Este juez desestimó la denuncia.
Fuente: La Capital
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