Manaos pagó más de $1.500 millones por una indemnización récord a un viajante de comercio de San Rafael, Mendoza, después de una batalla judicial que se extendió durante tres años. La cifra surgió de la condena por despido establecida por la Justicia, más los intereses acumulados hasta el momento efectivo del depósito.
Refres Now SA, empresa de Orlando Canido que produce Manaos, Bichi y Fernandito, había intentado llevar la discusión hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, mientras mantenía abierta esa vía, decidió cumplir con la sentencia y depositó el dinero correspondiente al trabajador.
“El juicio está virtualmente terminado”, confirmó el abogado del exempleado tras concretarse el pago. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza había establecido una indemnización de $807.676.293,72, pero ese importe estaba calculado a abril de 2025 y debió ser actualizado con los intereses posteriores.
De $236.000 a más de $1.500 millones
El trabajador, identificado como J.D.G., ingresó a la empresa en 2013 como viajante de comercio, aunque, según quedó acreditado judicialmente, no siempre estuvo registrado bajo esa categoría laboral.
Con el paso de los años se transformó en uno de los tres distribuidores más importantes de la compañía en el país. Su actividad abarcó una extensa zona comercial que comprendía Mendoza, San Juan y La Pampa, mientras Refres Now incrementaba su presencia en el mercado nacional de bebidas.
De acuerdo con lo probado durante el proceso, a medida que creció la empresa comenzaron a modificarse las condiciones del vínculo. El trabajador denunció restricciones en beneficios y comisiones, además de la reducción de parte del territorio comercial que tenía asignado. La compañía incorporó posteriormente otro distribuidor para Mendoza.
Una desvinculación que terminó en conflicto
En 2018, Manaos decidió desvincular al viajante en el marco de una reestructuración. En ese momento le abonó $236.000 como indemnización y ambas partes firmaron un acuerdo que formalizaba la salida.
Sin embargo, el vínculo continuó después de aquel convenio. El hombre siguió comercializando productos de la compañía y permaneció relacionado con la firma hasta diciembre de 2022, circunstancia que posteriormente adquirió relevancia en el expediente judicial.
Tras realizar reclamos internos que no prosperaron, el trabajador se consideró despedido. En el telegrama laboral cuestionó diferencias salariales, deficiencias en la registración y modificaciones de sus condiciones de trabajo, entre otros puntos.
Miles de documentos como prueba
La demanda llegó a la Justicia en agosto de 2023. En aquella instancia, el exempleado reclamó algo más de $200 millones en concepto de indemnizaciones, diferencias y multas relacionadas con el vínculo laboral.
Sus abogados, Santiago Rentería y Raúl Alberto Oyola, presentaron una voluminosa cantidad de documentación para demostrar cómo había sido la relación entre el viajante y Refres Now. Entre las pruebas incorporaron aproximadamente 33.000 comunicaciones por correo electrónico y unos 15.000 recibos y facturas.
En abril de 2025, la Justicia laboral de San Rafael hizo lugar al planteo. La Cámara del Trabajo determinó que la relación había comenzado en 2013 y consideró que J.D.G. debía ser encuadrado como viajante de comercio, independientemente de la modalidad bajo la cual había sido registrado por la empresa.
El cálculo que llevó la cifra a un récord
El tribunal también tuvo por acreditadas irregularidades denunciadas por el trabajador y dejó sin efecto el acuerdo firmado en 2018, al considerar que aquella desvinculación no había significado el final efectivo de la relación laboral.
La sentencia reconoció inicialmente más de $227 millones por diferentes conceptos. Entre ellos se encontraban indemnización por despido, falta de preaviso, compensación por clientela, diferencias salariales, vacaciones, Sueldo Anual Complementario y multas relacionadas con deficiencias registrales.
Sin embargo, el aspecto que convirtió al expediente en un caso de particular magnitud económica fue la aplicación de intereses. Con su incorporación, aquella condena inicial terminó ubicándose en torno de los $1.500 millones.