Juzgarán a grupo de contadores y abogados que asesoraba para evadir impuestos

El martes 14 de febrero comenzará el juicio contra los integrantes de una presunta banda conformada por profesionales de Paraná y de Buenos Aires, que se habrían dedicado a vender soluciones impositivas a distintas empresas del rubro de la construcción de Paraná.
Según la acusación, las soluciones tenían como finalidad simular el pago de impuestos al Fisco sin ingresar suma alguna. Se estima una defraudación al Fisco Nacional por más de 10 millones de pesos durante 2011.

El debate estaba programado para el martes 7 de febrero pero se reprogramó para el martes 14. La decisión fue notificada a las partes el lunes 6 de febrero en una resolución que firmó la jueza del Tribunal Oral de Paraná, Noemí Berros, que tuvo en cuenta el problema de salud que enfrenta un defensor particular. La audiencia de debate estaba prevista para los días martes 7 y jueves 9 de febrero, pero se reprogramó el inicio para el martes 14 a las 9.30.

 

 

Largo proceso

Berros ordenó que la reprogramación del cronograma de testigos a debate se notificará a las partes antes del inicio del juicio oral. La duración del debate se programó por un plazo superior a tres meses en función de la complejidad de la causa y la cantidad de testigos citados a declarar en el debate, determinada en 41 personas.

Así, una semana después de la fecha originaria, comenzará el debate en que se juzgará los integrantes de una banda conformada por profesionales, contadores y abogados, de Paraná y Buenos Aires, que se habrían dedicado “a vender soluciones impositivas a distintas empresas del rubro de la construcción de Paraná”.

 

 

La acusación

Según se indicó a El Diario, “las soluciones tenían como finalidad simular el pago de impuestos al Fisco sin ingresar suma alguna, lo que constituiría una estafa que posibilitó una defraudación al Fisco Nacional por más de 10 millones de pesos en el año 2011, es decir, más de 1 millón de dólares estadounidenses”. Fuentes judiciales consultadas señalaron que “por este delito muchas de estas empresas ya han sido juzgadas y condenadas por la Justicia Federal de Paraná”.

Los abogados que habrían integrado la supuesta banda son Roberto Ibañez Izaguirre y Alicia Aurora Ibañez. La última, según la acusación se habría valido de su condición de funcionaria pública de la AFIP-DGI, tomando parte en las maniobras investigadas. Además, se imputó a los contadores públicos Salvador Luis Morelli, oriundo de Paraná, y Sergio Oscar De Araquistaín, oriundo de Buenos Aires. Todos deberán responder por la acusación del delito de Asociación ilícita fiscal, que prevé pena de prisión de cumplimiento efectivo.

El Tribunal que dirigirá el debate estará integrado por Berros, y Roberto López Arango y Mariela Emilce Rojas. La acusación pública estará en manos de los fiscales José Ignacio Candiotti y Juan Podhainy, mientras que la querellante particular en representación de la AFIP DGI- será responsabilidad de Diana Marina Núñez y María Florencia Sieber.

 

 

 

El hecho

A la presunta organización se le imputó que “entre septiembre de 2010 y mayo de 2015, los ciudadanos Roberto Mario Izaguirre Ibáñez, Luis Salvador Morelli, Sergio Oscar De Araquistain, Alicia Aurora Ibáñez, y otras personas cuya identidad no se ha establecido aún, formaron parte, a sabiendas y de manera consensuada, de una organización habitualmente destinada a cometer los delitos de simulación dolosa de pago previstos en la ley nacional 24.769, contactando a distintos contribuyentes de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, concretamente a Miguel Ángel Marizza, a Guillermo Gabriel Galeazzo y a Néstor Iván Szczech, que registraban deuda ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a quienes les proporcionaban certificados falsos de retenciones ficticias sufridas en apariencia por otros contribuyentes, que generaban un saldo de libre disponibilidad que era inmediata e indebidamente utilizado para la cancelación de distintas deudas fiscales; interviniendo en la gestión y trámite ante el Fisco por el que se hacían valer dichos certificados falsos”.