Un fallo judicial inédito por la muerte de un yaguareté, especie en peligro crítico de extinción, podría marcar un antes y un después en la Justicia argentina. Máximo Cisneros (61), Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30) fueron condenados por haber matado y carneado a un ejemplar de esta especie protegida. Sucedió en la localidad de Estanislao del Campo, en la provincia de Formosa.
El hecho ocurrió en julio del año pasado, pero recién ahora se conoció la sentencia. Este caso generó gran impacto a nivel nacional por tratarse de una de las pocas causas que logra llegar a juicio y obtener condena en este tipo de delitos ambientales. El juez Pablo Morán, titular del Juzgado Federal N° 1 de Formosa, fue quien dictó la resolución. Aceptó una propuesta de juicio abreviado por parte de la fiscalía, que incluyó penas de dos años de prisión efectiva para los acusados.
Condenas y roles
Walter, Viterman y Claudio cumplirán la pena bajo arresto domiciliario. Mientras tanto, Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el crimen, recibió dos años de prisión en suspenso. Esto se debe a que no estuvo prófugo y se mantuvo siempre a derecho.
Este fallo no sólo sienta jurisprudencia, sino que también visibiliza la importancia del trabajo articulado entre el Poder Judicial, el Estado y las organizaciones civiles. En este caso, la ONG Red Yaguareté fue aceptada como querellante junto con la Administración de Parques Nacionales. Es algo poco común en causas de esta índole.
“Es la primera vez que llegamos a juicio en más de 75 causas que llevamos desde hace 20 años. Va a ser la primera condena”, aseguró Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo y fundador de Red Yaguareté. Es una organización que lleva dos décadas trabajando en la protección del felino más emblemático de América del Sur.
Precedentes y desafíos
Lodeiro Ocampo también destacó la agilidad del proceso judicial: “En la causa actuaron realmente muy bien, rápido, no es lo común en estos casos. Tres estuvieron prófugos más de un mes y después estuvieron detenidos en Formosa más o menos dos meses. Desde ahí se le dio prisión domiciliaria con permiso de salidas laborales. Es gente que trabaja en tareas de campo que no tienen trabajo formal”, explicó.
Este es el segundo caso en la historia judicial argentina donde una ONG es aceptada como querellante en una causa por caza ilegal de yaguareté. El primero también ocurrió en Formosa, con el mismo juez, en diciembre de 2022. Aquel primer caso involucró a una persona procesada en la ciudad de Clorinda. Si bien aún está en etapa de investigación, sentó un precedente inédito en el tratamiento judicial de crímenes ambientales.
Fuente: Clarín
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