La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), por lo que su operatoria continuará frenada ante el riesgo ambiental y sanitario detectado. La medida había sido dispuesta por el juez federal Hernán Viri a pedido del fiscal Pedro Rebollo.
Los camaristas Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez rechazaron las apelaciones presentadas por tres integrantes de la Comisión Administradora del Parque Industrial y por el presidente de la Corporación de Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU).
La resolución coincidió además con el dictamen del fiscal general José Ignacio Candioti, quien había solicitado mantener la cautelar ante las evidencias reunidas durante la investigación.
La denuncia de los vecinos y qué encontraron en las muestras
La causa comenzó en julio de 2025 luego de una denuncia de vecinos del barrio Don Pedro, quienes advirtieron sobre el supuesto vuelco de efluentes industriales hacia el río Gualeguaychú sin el tratamiento correspondiente. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú.
Durante un allanamiento realizado el 27 de agosto de 2025 se tomaron muestras que posteriormente arrojaron valores fuera de los parámetros establecidos por las normativas provincial y nacional. Los análisis detectaron además plomo y bacterias como Escherichia coli, consideradas perjudiciales para la salud.
Nuevas extracciones realizadas posteriormente en el ingreso al barrio Don Pedro volvieron a detectar Escherichia coli, además de metales como aluminio, cromo, cobre, plata, selenio y zinc.
Audiencias y un pedido de clausura
En febrero y abril se realizaron dos audiencias públicas entre vecinos y autoridades del predio con el objetivo de acordar un plan de acción para solucionar la problemática.
Durante el segundo encuentro, el Ministerio Público Fiscal solicitó la clausura al considerar que no se habían cumplido los plazos establecidos para concretar las obras de acondicionamiento comprometidas por la CODEGU y los responsables del parque.
El 14 de agosto, el fiscal Rebollo pidió además la indagatoria de 13 personas vinculadas a la Comisión Tripartita Administradora del PIG y al Consejo Superior de la CODEGU, al atribuirles una conducta “sostenida y sistemática” de incumplimiento de las normas ambientales.
La Cámara ratificó la medida
El 16 de septiembre, el fiscal general Candioti dictaminó a favor de mantener la clausura al considerar que las pruebas científicas habían demostrado un daño ambiental en al menos tres oportunidades y que la contaminación afectaba especialmente a los vecinos del barrio Don Pedro.
Finalmente, la Cámara Federal de Paraná ratificó la clausura preventiva “hasta tanto se acredite” que los vertidos reciben un tratamiento adecuado y cumplen con la normativa vigente.
Busaniche sostuvo que las pruebas técnicas dieron cuenta de un daño ambiental concreto y persistente en el área de influencia del parque. También consideró acreditada la relación entre la contaminación encontrada en la Cañada, a la altura de Las Magnolias y Los Cedros, y los vertidos provenientes de la planta, publicó InformeDigital.
El camarista señaló además que el certificado ambiental del predio se encontraba vencido desde 2021, situación que, según expresó en su voto, evidenció un apartamiento de los estándares mínimos de control estatal.