La nueva ley de Discapacidad avanzó en el Senado de la Nación y podría debatirse el próximo 19 de noviembre. El proyecto propone modificar el régimen de pensiones no contributivas, establecer nuevos mecanismos de control y garantizar el financiamiento permanente de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, sin modificaciones respecto de la media sanción de Diputados.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó el respaldo oficialista. “Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa”, expresó.
Nuevos requisitos para acceder a las pensiones
El proyecto establece que quienes soliciten una pensión no contributiva por discapacidad deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), acreditar identidad y nacionalidad, y cumplir una evaluación socioeconómica.
Las personas extranjeras deberán demostrar cinco años de residencia legal continuada. Además, los ingresos individuales deberán ser inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles. También se establecen incompatibilidades con otras prestaciones previsionales y asignaciones.
En cuanto a los montos, las pensiones continuarán representando el 70% de la jubilación mínima, con actualizaciones según el sistema previsional vigente. La iniciativa no contempla modificaciones en ese porcentaje.
Compatibilidad entre pensión y trabajo formal
Uno de los principales cambios permitirá que los beneficiarios puedan trabajar formalmente o inscribirse como monotributistas sin perder automáticamente la pensión, siempre que sus ingresos permanezcan por debajo de dos salarios mínimos.
Cuando las remuneraciones alcancen o superen ese límite, la prestación quedará suspendida. Si posteriormente disminuyen los ingresos o finaliza la relación laboral, podrá solicitarse su rehabilitación.
El proyecto también garantiza cobertura médica para titulares de pensiones por discapacidad e invalidez laboral, conforme a las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901.
Auditorías y controles sobre los beneficiarios
La Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el intercambio de información con ANSES, ARCA, RENAPER y otros organismos públicos.
Si se detectan irregularidades, los beneficiarios deberán recibir una notificación y tendrán derecho a presentar un descargo antes de una eventual suspensión. También podrán solicitar la rehabilitación provisoria mientras se resuelve el procedimiento.
La propuesta incorpora garantías presupuestarias para sostener las prestaciones y contempla un cronograma para cancelar compensaciones pendientes a prestadores, con plazos de hasta 90 días para los trámites finalizados.
Cuándo podría entrar en vigencia
El tratamiento legislativo se produce antes del vencimiento de la emergencia nacional en discapacidad, previsto para el 31 de diciembre de 2026, según informó iProfesional.
La iniciativa busca reemplazar ese esquema excepcional por un régimen permanente. Durante el debate en comisiones hubo respaldos de distintos bloques, aunque también cuestionamientos por la falta de consultas a organizaciones vinculadas con la discapacidad.
Si obtiene la aprobación definitiva, la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo tendrá 30 días hábiles para reglamentarla.