El gobierno de Javier Milei publicará en los próximos días un decreto que oficializará la disolución y liquidación de la Administración General de Puertos (AGP). La medida implica el cierre de la sociedad estatal encargada de la administración del puerto de Buenos Aires y, en los últimos años, de la hidrovía del río Paraná.
Esta es una vía clave para el comercio exterior del país. De manera paralela también se dispondrá el cierre de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, área administrativa encargada de la licitación de la hidrovía. Según el Gobierno, esta decisión busca resolver la superposición de funciones entre la AGP y dicha subsecretaría.
En reemplazo de la AGP, el Ejecutivo creará la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn). Este sería un organismo con autarquía financiera que dependerá del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo.
La publicación del decreto, convierte a la AGP en la segunda empresa estatal disuelta por la actual administración. En octubre, el gobierno ya había liquidado Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), argumentando que la entidad no cumplía funciones esenciales.
Momento difícil
La disolución de la AGP coincide con un momento crítico para el comercio exterior argentino. Actualmente, se encuentra en marcha la licitación para el dragado de la hidrovía, por donde transita el 80% de las exportaciones del país.
Este proyecto representa un negocio estimado en 9.000 millones de dólares. Esto generó una intensa competencia entre las principales empresas dragadoras del mundo. Muchas de ellas desplegaron estrategias de lobby en el país en busca de adjudicarse el contrato.
Shanghai Dredging Co. no opera como una firma privada tradicional. Es una filial de CCCC, una de las mayores corporaciones estatales chinas, que ejecuta proyectos alineados con los intereses estratégicos de Beijing. Además de proyectos de infraestructura como dragado y mantenimiento portuario, CCCC desempeña un papel central en las ambiciones geopolíticas y militares de China.
Desde el vencimiento de la concesión original en 2021, la Administración General de Puertos (AGP) asumió la gestión de la Hidrovía. Implementó un esquema que involucraba a siete provincias y ocho ministerios. Este modelo habría generado problemas de coordinación y eficiencia.
La AGP subcontrató los trabajos de dragado y balizamiento a Jan de Nul y Emepa, antiguos concesionarios. Sin embargo, una licitación internacional lanzada en 2022 fue cancelada tras la impugnación de oferentes como la danesa Rodhe Nielsen y la china CCCC Shanghai Dredging.
En este contexto, el actual proceso de licitación apunta a una concesión de largo plazo, buscando garantizar la modernización, el mantenimiento y la seguridad de esta vía navegable estratégica.
Fuente: Infobae
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