El pasado 10 de marzo, un derrame de ácido sulfúrico en la planta de celulosa de UPM ubicada en Fray Bentos, Uruguay, terminó con una sanción económica que asciende a 230 mil dólares. El hecho, ocurrido durante la descarga del producto químico desde un buque hacia la planta, derivó en la vertida de parte de la sustancia en el río Uruguay debido a fallas técnicas previsibles en el sistema de contención, según confirmaron las autoridades.
La multa fue aplicada luego de una serie de investigaciones realizadas por el Ministerio de Ambiente, que determinó que el derrame fue producto de un error en la conexión de la manguera, lo que provocó la rotura de la misma. A pesar de las afirmaciones iniciales de que el derrame había sido “controlado”, se descubrió que parte del ácido llegó al sistema de drenaje pluvial y, finalmente, al río.
Multa por violación al Código de Aguas
La sanción impuesta por el gobierno uruguayo incluye una multa de 182.500 dólares por el incumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de Operación (PGAO) aprobado por la empresa, especialmente en lo referido a los procedimientos de carga y descarga de sustancias químicas. Además, se aplicó una sanción adicional de 45.625 dólares por el vertido directo de ácido sulfúrico en el curso de agua, lo que constituye una infracción al Código de Aguas, independientemente de la magnitud del daño ambiental.
El derrame alcanzó un volumen estimado de hasta 6.000 litros de ácido sulfúrico, una sustancia altamente peligrosa para los ecosistemas acuáticos. Las autoridades subrayan que la fuga fue provocada por fallas técnicas previsibles en el sistema de contención, algo que agravó aún más la infracción cometida por la multinacional.
La planta de Fray Bentos, operada por UPM S.A. y UPM Fray Bentos S.A., enfrenta esta sanción económica tras la falla en un sistema de seguridad que, en principio, debía haber evitado el contacto de la sustancia con el agua.
Respuesta de UPM y medidas correctivas
A pesar de la sanción, la empresa finlandesa manifestó su malestar por la multa impuesta. En un comunicado, UPM señaló que cumplió con los procedimientos del PGAO en todo momento, pero alegaron que el problema surgió por un fallo en la válvula de cierre de la cañería que condujo al derrame. Según la compañía, las medidas correctivas ya estaban en marcha para evitar futuros incidentes, y aseguraron que el accionar inmediato para interrumpir el bombeo ayudó a minimizar los impactos ambientales.
Sin embargo, el Ministerio de Ambiente uruguayo rechazó los descargos de UPM, destacando que se había identificado un segundo punto de fuga en el sistema de recolección pluvial, lo que evidenció deficiencias en el sistema de contención. Según las autoridades, esta deformación térmica en una pieza del sistema fue “previsible” y contribuyó al vertido.
El Ministerio de Ambiente concluyó que el derrame de ácido sulfúrico no solo incumple el Plan de Gestión Ambiental, sino también el Código de Aguas, lo que hace que el incidente sea considerado una violación directa al marco normativo ambiental del país.
Fuente: El Día
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