Una escena dramática ilustró la escalada del conflicto policial que atraviesa la provincia de Santa Fe. Frente a la Jefatura de la Unidad Regional II en Rosario, una mujer envuelta en una bandera argentina se arrodilló entre el humo de las cubiertas quemadas para suplicar una mejora salarial.
«¿El gobernador no puede venir a hablar? Es una vergüenza», gritó la mujer, familiar de un agente con 18 años de servicio. La protesta, que incluye «sirenazos» y quema de neumáticos, se replica en Santa Fe capital, Rafaela y otras localidades, desafiando la política de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro.
«Tienen que comprarse las balas»
El testimonio de la mujer expuso la precariedad que denuncian los efectivos de la fuerza santafesina. Según relató, el sueldo de bolsillo de su hermano «no llega al millón trescientos mil pesos», cifra que el gobierno provincial estableció como piso para que ningún agente cobre por debajo de la canasta básica.
«Un policía no puede cobrar menos de 800 mil pesos de básico. Se tienen que comprar las balas, el chaleco, la ropa. Los chicos hacen dedo para venir a trabajar», denunció. El reclamo de los manifestantes es concreto: exigen un sueldo de $1.800.000 y que los aumentos vayan al básico, ya que las sumas no remunerativas impactan negativamente en los retiros. «Te jubilás y te quedan dos mangos», cuestionó.
La respuesta del Gobierno: aumento y ultimátum
El conflicto escaló hasta tal punto que el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, debió salir a intentar descomprimir la situación. En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que la seguridad «nunca fue descuidada» durante las protestas, aunque instó a los efectivos a volver a sus puestos.
El Gobierno ofreció una suerte de amnistía condicionada: prometió que quienes fueron pasados a disponibilidad por protestar «van a salir de esa situación» si se reintegran de inmediato. «Entendemos el fondo del reclamo, pero depongan su actitud, pasen por jefatura, retiren su arma reglamentaria y vuelvan al servicio», exigió Cococcioni.
Mientras el oficialismo asegura que la protesta ha mermado, los referentes de la movilización sostienen que el reclamo sigue activo y exigen, como condición para levantar la medida, que primero se anulen todas las sanciones disciplinarias.