Entre las reformas estructurales que el gobierno de Javier Milei piensa llevar adelante en la segunda parte de su mandato, la reformulación de la legislación laboral se presenta como prioritaria. En tal sentido, adelantan que están trabajando en proyectos que se encontrarán entre los primeros a ser enviados al Congreso en diciembre próximo.
En ese momento, el oficialismo espera ver incrementada su representación, tanto en Diputados como en el Senado. El año pasado, y mediante la Ley Bases, el oficialismo logró introducir modificaciones en la legislación laboral. Incluyó la promoción del empleo registrado, la creación de una figura de trabajador independiente con colaboradores y modificaciones en la indemnización por despido, entre otros.
Sin embargo, no logró terminar con problemas judiciales que tienen a maltraer a las empresas. Por el contrario, se observa un crecimiento de la litigiosidad. Se atribuye a la aplicación de multas e intereses que son considerados siderales por el sector patronal. La actualización judicial de los montos indemnizatorios, que puede multiplicar por diez o más veces el monto original reclamado, también forma parte de lo señalado.
En estas condiciones, los analistas expresan que no debe extrañar que el trabajo “no registrado” se haya triplicado desde comienzos de los años noventa. “La CGT y las entidades empresarias coinciden en que los fallos de la justicia laboral tienen montos exorbitantes que destruyen empresas y puestos de trabajo”, señaló el abogado Julián De Diego.
“Este tema de la Justicia Laboral es, en algunos aspectos, incluso más grave que lo que ocurre en el ámbito penal con la doctrina Zaffaroni. Así como en lo penal hay jueces muy “garantistas”, en lo laboral hay una marcada influencia de la doctrina Recalde”, sostiene el abogado Carlos Cedro.
El especialista considera que “así se frena cualquier intento de modernizar la legislación. Se impide generar empleo en blanco y se termina condenando a las PyMEs a desaparecer”. Fuentes empresarias comentan que entre los impuestos al trabajo y los riesgos legales de contratar personal, es casi imposible arrancar un emprendimiento pyme.
Fuentes de la Justicia señalan que la Corte Suprema ha tratado de moderar esta situación en varios fallos . Hablan de la razonabilidad de las sentencias y su proporcionalidad.
Informe
La denominada “industria del juicio” representa “uno de los principales desafíos para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Argentina”. Así lo señala un informe de Marcelino Abdala a la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado.
En 2024, los juicios laborales alcanzaron un récord de 125.842 casos, con un aumento del 7% respecto al año anterior. Para 2025, se proyecta que las demandas laborales superen las 132.000. Se estima que más del 50% de las pymes enfrenta actualmente litigios laborales, con “costos que en muchos casos resultan inviables para la continuidad de los negocios”.
En Argentina existen aproximadamente 400.000 pymes, con un promedio de 10 empleados cada una. El informe advierte que, si solo el 20% de estas empresas se viera obligada a cerrar por juicios laborales, el impacto alcanzaría a 800.000 puestos de trabajo.
Fuente: Ámbito
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