La Fiscalía de Paraguay imputó al expresidente Santiago Peña y al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, en una investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas a Ueno Bank. Según la acusación presentada el sábado 7 de noviembre, las operaciones investigadas representarían un perjuicio patrimonial superior a los 809 millones de dólares. Los fiscales también solicitaron la prisión preventiva de ambos exfuncionarios.
La imputación fue presentada por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. A Peña le atribuyeron los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras que Carvallo también fue acusado de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
La investigación, publicó Ámbito, se concentró en depósitos de organismos estatales y previsionales, operaciones crediticias y vínculos económicos entre los funcionarios investigados y el grupo empresarial relacionado con Ueno Bank. Los hechos forman parte de una causa judicial en desarrollo y las responsabilidades penales todavía no fueron determinadas.
Los depósitos estatales bajo investigación
De acuerdo con la documentación fiscal citada en la información difundida, Ueno Bank habría recibido importantes colocaciones de fondos públicos entre 2023 y 2026, provenientes de organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, Yacyretá, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y distintas cajas jubilatorias.
Un informe de la Dirección General del Tesoro Público señaló que, hasta septiembre de 2026, los fondos estatales depositados en la entidad alcanzaban los 3.608.550.782.201 guaraníes y 233.400.495 dólares. La Fiscalía utilizó esos montos como referencia para estimar el presunto perjuicio patrimonial en aproximadamente 809,5 millones de dólares.
Los investigadores también señalaron que la entidad habría continuado otorgando créditos a empresas vinculadas con su propio grupo económico, pese a las presuntas irregularidades detectadas en sus operaciones.
Las acciones y los préstamos vinculados a Santiago Peña
Uno de los ejes de la acusación fue la relación patrimonial que Peña habría mantenido con empresas del grupo financiero mientras ejercía la Presidencia. Según la investigación, en marzo de 2019 adquirió 1.500 acciones preferidas de Credicentro SAECA, posteriormente vinculada a Ueno Holding, por 1.500 millones de guaraníes.
En su declaración jurada de agosto de 2023, Peña informó un patrimonio neto de 23.024 millones de guaraníes, cifra que representaba un incremento del 1.603% respecto de su presentación de 2017. El expediente también mencionó activos financieros relacionados con el Grupo Vázquez por 8.894 millones de guaraníes.
Entre esos instrumentos figuraban acciones de Ueno Holding, un certificado de depósito por 2.400 millones de guaraníes en Ueno Bank y un bono de ITTI SAECA. Aunque las acciones habrían sido rescatadas en marzo de 2025, la investigación sostiene que Peña habría conservado otros instrumentos financieros.
La Fiscalía también examinó dos préstamos otorgados por Ueno Bank a Peña el 13 de mayo de 2024, por un total de 3.548 millones de guaraníes, destinados a financiar la construcción de una vivienda en San Bernardino. Según el expediente, las cuotas mensuales ascendían a 239 millones de guaraníes, frente a una remuneración presidencial de 37,9 millones.
Las operaciones del IPS y las reuniones investigadas
La acusación reconstruyó el crecimiento de Ueno Bank durante la gestión presidencial de Peña. La entidad obtuvo su licencia bancaria en noviembre de 2023 y absorbió Visión Banco en mayo de 2024, mientras se produjeron modificaciones normativas relacionadas con las inversiones de fondos previsionales.
Los fiscales mencionaron reuniones entre Peña y el entonces presidente del IPS, Jorge Brítez, realizadas entre el 22 y el 27 de agosto de 2024. Dos días después del último encuentro, el organismo aprobó la adquisición de bonos financieros emitidos por Ueno Bank por 250.000 millones de guaraníes, con un plazo de siete años.
La investigación también incorporó encuentros reservados que Peña habría mantenido con Miguel Vázquez, referente del grupo económico vinculado al banco, entre diciembre de 2023 y abril de 2025.
La investigación por los sobres y el rol del Banco Central
Otro apartado de la imputación incluyó elementos de la investigación periodística denominada Sobres del poder. Según la hipótesis fiscal, dos paquetes que contenían 100.000 dólares cada uno habrían sido encontrados por personal doméstico en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, en octubre de 2024 y febrero de 2025.
En cuanto a Carlos Carvallo, los investigadores analizaron un posible conflicto de intereses por su anterior vinculación con Financiera Ueno y su posterior designación al frente del Banco Central del Paraguay. La acusación sostuvo que habría intervenido en decisiones regulatorias y de supervisión relacionadas con la entidad.
También se investigaron presuntas irregularidades en operaciones con personas vinculadas al banco, su situación patrimonial y posibles omisiones de información en documentos remitidos al Senado.
La causa busca establecer si existieron responsabilidades penales en el manejo de fondos públicos y en las operaciones financieras investigadas. La imputación y el pedido de prisión preventiva no constituyen una condena, por lo que las acusaciones deberán ser evaluadas en el proceso judicial.