Jubilados y trabajadores activos se movilizaron frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos para expresar su rechazo a la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial. La protesta se desarrolló durante la mañana de este miércoles y reunió a distintos sectores que manifestaron preocupación por los posibles cambios en el sistema jubilatorio entrerriano.
Los manifestantes señalaron que el proyecto presenta múltiples objeciones y advirtieron sobre el impacto que podría tener en los ingresos y derechos de los jubilados. Durante la concentración, uno de los voceros, Tomás Caíno, indicó que el reclamo central es el cumplimiento de la Constitución provincial.
“Esto es un reflejo de cómo está la sociedad. Hoy muchos jóvenes y adultos mayores nos estamos movilizando para defender nuestra vida y nuestro futuro. Existe un proyecto de reforma jubilatoria que presenta numerosas objeciones y estamos sumando voluntades para plantear algo básico: que el gobierno provincial cumpla con la Constitución. No estamos pidiendo nada extraordinario, sino que Provincia respete lo que establece la norma, donde hay recursos previstos para afrontar el déficit, que no fue generado por los trabajadores. En ese marco, el rol de la Federación, como entidad histórica, es fundamental, y esperamos que también tome la palabra”, explicó pudo saber EntreRíosYA de lo informado por Elonce.
Por su parte, el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Ercilio Aimone, remarcó la importancia de “defender el 82% móvil como un derecho adquirido”. De hecho, aseguró que alrededor de 60.000 jubilados forman parte del sistema previsional y remarcó que su aporte histórico a Provincia debe ser reconocido. “La ley 8732 forma parte de la historia de la Federación y de los jubilados. Puede ser actualizada, pero eso no implica que se nos quiten los derechos adquiridos. Hemos aportado durante muchos años y, por lo tanto, merecemos un salario digno. No se puede jugar con nuestros ingresos ni pretender que 30.000 pesos sea una respuesta; eso resulta una vergüenza para cualquier jubilado”, fundamentó.
Los representantes de los distintos sectores coincidieron en la necesidad de abrir instancias de diálogo con el Gobierno provincial. Si bien indicaron que ya se realizaron reuniones informativas, consideraron necesario avanzar en discusiones más profundas sobre el contenido de la reforma.
En tanto, la vocal de la Caja de Jubilaciones, Claudia Vallori, cuestionó que el proyecto de reforma previsional podría modificar la base de cálculo de los haberes o desvincular los salarios de los jubilados de los trabajadores activos. De hecho, advirtió que ese tipo de cambios podría derivar en una pérdida progresiva del poder adquisitivo.
“Estamos reclamando el cumplimiento del 82% móvil a partir del salario bruto, porque tiene que ver con la dignidad de nuestro pueblo entrerriano. Esta Caja es nuestra, la defendemos y la vamos a cuidar entre todos, pero eso implica garantizar ese porcentaje y también la movilidad. No queremos que nos lleven a índices que nos desvinculen de los activos, porque con el tiempo eso se traduce en un ajuste que puede dejarnos en una situación similar a la de los jubilados nacionales”, expuso.
Y agregó: “Por eso nos estamos movilizando y convocando, con la expectativa de que en los próximos días seamos cada vez más para que el Poder Ejecutivo y los legisladores aborden de fondo la desfinanciación de la Caja, que tiene más que ver con la concentración de la riqueza que con ajustar a los jubilados. Los jubilados construimos nuestros derechos y vamos a defenderlos”.
Asimismo, la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Entre Ríos, Juana Ávalos, completó: “No queremos que desaparezca la ley 8732. Creemos que los más perjudicados van a ser los trabajadores en actividad, porque si se toman los 30 años de servicio en lugar de los últimos 10, como ocurre actualmente, los haberes se reducirán considerablemente y terminarán equiparándose con los del sistema nacional, algo con lo que no estamos de acuerdo”.
“No queremos seguir perdiendo derechos. Ya con decretos anteriores se aplicaron descuentos a jubilados de manera retroactiva, cuando deberían haberse dispuesto hacia adelante, afectando derechos adquiridos. Por eso sostenemos que existen otras fuentes de financiamiento; hay recursos que pueden obtenerse, pero siempre se termina ajustando sobre los jubilados. Entendemos que hay que buscar alternativas sin que el ajuste recaiga nuevamente sobre quienes ya han aportado durante toda su vida laboral”, cerró.