La Justicia declaró la quiebra de Algodonera Avellaneda, una importante empresa santafesina que empleaba a alrededor de 350 personas. La decisión llegó después del fracaso de las negociaciones para reestructurar sus deudas y de un procedimiento de salvataje que no recibió interesados.
La resolución no dispuso el cierre inmediato de las instalaciones. El futuro de la actividad dependerá de una evaluación sobre la posibilidad de mantener la producción transitoriamente mientras avanza el proceso de liquidación.
Según la información del expediente, el juez Fabián Lorenzini consideró agotadas las alternativas para evitar la quiebra. La empresa estaba en concurso preventivo desde 2024 y no logró reunir las mayorías necesarias para aprobar un acuerdo con sus acreedores.
Las negociaciones que no prosperaron
El Banco Nación concentra más del 80% del pasivo verificado y rechazó las propuestas de pago por considerarlas insuficientes. Sus créditos ascienden a USD 260.791.600,40 y $1.585.782.428,89. Parte de esas obligaciones se originó en garantías otorgadas a Vicentin, firma vinculada a integrantes de la misma familia.
Durante el concurso, el tribunal concedió extensiones para negociar en diciembre de 2025, febrero de 2026 y julio. La algodonera santafesina también pidió excluir al banco del cómputo de las mayorías por considerarlo un acreedor hostil, pero el planteo fue rechazado el 14 de septiembre.
La última instancia fue el salvataje, que permite a terceros presentar una propuesta para adquirir las acciones y acordar con los acreedores. El registro estuvo abierto entre el 14 de septiembre y el 5 de octubre, sin que se inscribieran empresas, acreedores ni cooperativas de trabajadores.
Qué pasará con la producción y los empleados
La compañía tiene una hilandería en Reconquista y dos desmotadoras de algodón, ubicadas en General Pinedo, Chaco, y Banderas, Santiago del Estero. Sus trabajadores atravesaron meses de dificultades para cobrar los salarios.
La planta de Reconquista funciona aproximadamente al 60% de su capacidad mediante trabajos a fasón: procesa materiales para terceros y obtiene ingresos destinados, entre otras obligaciones, al pago de haberes.
El juez solicitó a la sindicatura que evalúe una continuidad transitoria de la algodonera santafesina. Para ello, deberá presentar un plan con ingresos y gastos previstos, personal indispensable y mecanismos de control de los fondos.
Deudas acumuladas y una audiencia por el futuro de la firma
Además del pasivo financiero, la sindicatura registró obligaciones posteriores al concurso por $6.818.717.040,87, acumuladas durante 2025 y 2026. Incluyen energía eléctrica, impuestos y compromisos laborales, entre otros gastos de funcionamiento.
La sentencia dejó la administración del patrimonio bajo control de la sindicatura y ordenó la incautación de bienes, instalaciones y documentación. También estableció restricciones para los integrantes del directorio, que deberán solicitar autorización judicial para salir del país.
El próximo 22 de octubre habrá una audiencia con acreedores, trabajadores, prestadores de servicios a fasón y otros interesados. Allí se analizarán las condiciones para sostener la producción y las alternativas de venta de la empresa en marcha o de unidades que puedan funcionar de manera independiente.