El Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió este viernes conceder la suspensión del juicio a prueba a una mujer oriunda de Oro Verde acusada del delito de instigación pública a cometer un delito, tras una publicación realizada en redes sociales en 2019 contra el entonces presidente Mauricio Macri.
La imputada, identificada como E.B.T., había publicado en su cuenta de Facebook un mensaje durante una visita oficial del mandatario a Entre Ríos. En ese contexto, escribió: “Por favor, que alguien le pegue un tiro en la cabeza”, frase que dio origen a la investigación judicial por instigación pública.
La causa fue encuadrada en el artículo 209 del Código Penal, que sanciona la instigación pública a cometer delitos determinados, y avanzó hasta la etapa de juicio oral antes de resolverse la salida alternativa, publicó Análisis.
La postura de la fiscalía y la defensa
Durante el proceso, la defensa había solicitado el sobreseimiento de la imputada al considerar que no existían pruebas suficientes. Sin embargo, el fiscal general José Ignacio Candioti se opuso a ese planteo, al entender que la conducta tenía entidad para ser analizada en el ámbito penal.
Posteriormente, la defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba, ofreciendo como parte del acuerdo la realización de tareas comunitarias en el Club Don Bosco de Paraná.
En la audiencia, el fiscal modificó su postura inicial y consideró viable la aplicación de la probation, destacando que se trató de un hecho aislado y que la imputada no posee antecedentes penales.
Condiciones impuestas por la Justicia
El Ministerio Público Fiscal también tuvo en cuenta factores personales de la acusada, como su condición de estudiante, el arrepentimiento manifestado y una enfermedad grave atravesada con posterioridad a los hechos.
Además, se dispuso como regla de conducta la realización de un curso sobre derechos humanos y ética, dictado en la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
“Debía realizar un curso para afianzar los valores de respeto al sistema democrático y a la tolerancia a las ideas ajenas”, planteó la fiscalía durante la audiencia.
Resolución del tribunal
El juez Sebastián Gallino avaló el acuerdo y otorgó la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. Entre las condiciones establecidas se incluyó la realización de tareas comunitarias dos veces por semana y la aprobación del curso de formación en derechos humanos.
De esta manera, la causa no continuará hacia un juicio oral, siempre que la imputada cumpla con las condiciones impuestas por el tribunal durante el período establecido.
Fuente: Elonce