El Boletín Oficial publicó este marte el Decreto 1083/2024 por el cual se decretó la finalización de la emergencia en cuanto a la posesión y propiedad de las tierras ocupadas por comunidades indígenas originarias. De esta manera, quedó sin efecto la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos para el desalojo de esos territorios.
La nueva normativa deroga el Decreto de Necesidad y Urgencia N°805/21 del 17 de noviembre de 2021, que prorrogó por última vez la Ley 26.160. Esta norma había sido sancionada y promulgada en noviembre de 2006 y declaraba la emergencia territorial indígena.
Según el Ejecutivo, el DNU generaba “inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños”. Manifestaron que en el último tiempo la situación “se ha agravado debido al incremento de inscripciones de comunidades indígenas en los respectivos registros”.
Asimismo, aseguraron que algunos grupos no cumplen “las mínimas condiciones para que los peticionantes sean reconocidos como comunidades indígenas autóctonas”. “En muchos casos se fragmentan tornando inoficioso el objetivo para el cual fue inicialmente prevista la declaración de emergencia”, señalaron.
De la misma manera, el Gobierno sostuvo que “se han bloqueado el desarrollo de inversiones y las obras de infraestructura para el desarrollo de servicios públicos”. Inclusive, se habría “vulnerado el derecho a la tierra de familias que pertenecen a los mismos pueblos originarios”, según el Ejecutivo.
Por último, señalaron que “no advierte razón que justifique la continuidad de la emergencia”. Además, “su prolongación implicaría la consolidación de la discriminación entre ciudadanos argentinos”, agregaron.
Con información de Perfil
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