Luego de que, a comienzos de esta semana, la Justicia fallara en contra de Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el Gobierno Nacional adoptó nuevas medidas. La SIGEN había pedido que la Universidad de Buenos Aires informe el destino de los fondos públicos y cómo fueron ejecutados. Sin embargo, desde la Justicia sostuvieron que no había peligro de extravío de documentación y que se debería esperar a realizar una cuestión de fondo.
Con el propósito de “garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos”, el ministerio de Capital Humano junto con el Ministerio de Desregulación emitió cuatro DNU. Las nuevas disposiciones buscarían modificar la normativa sobre compras, contrataciones y transparencia en el presupuesto en universidades públicas.
Asimismo, se elimina la posibilidad de hacer contrataciones directas con Universidades o con personas físicas o jurídicas. A partir de que las medidas entren en vigencia, las universidades nacionales deberán adoptar los sistemas electrónicos COMPR.AR y CONTRAT.AR, que ya son utilizados.
“Hoy ya unas 35 universidades utilizan estos sistemas pero que representan más o menos la mitad, lo ideal sería estén el 100% en las universidades”, aclaró Alejandro Álvarez, subsecretario de Educación. Otro de los sistemas que deberán utilizar es el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF). Sirve para la administración de sus recursos y promueve la digitalización, seguridad y rapidez en los procesos.
Contrataciones
Mediante estos DNU se elimina la posibilidad de contrataciones directas entre reparticiones públicas y universidades, salvo que estas acrediten ser el único proveedor disponible. Desde el gobierno explicaron que “esta medida termina con un privilegio irrazonable que atentan contra el interés público”.
Según el Ejecutivo, “las universidades dejen de ser un consultor privilegiado del Estado en general. Este tipo de convenios, que eran los más cuestionados, se utilizaban para financiar la política y evadir los controles”.
Con información de Ámbito
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