Las cámaras registraron un momento de alta tensión en la ciudad de Santa Fe, cuando familiares de los policías en protesta y algunos de los propios efectivos atacaron verbalmente e incluso escupieron al jefe de la Policía provincial, Luis Maldonado, en su intento por dialogar con los manifestantes.
Las imágenes muestran cómo Maldonado se acercaba con gestos de negociación, tratando de calmar los ánimos tras 48 horas de protestas intensas, pero la situación se tornó tan hostil que debió retroceder y refugiarse para evitar un conflicto físico mayor. Los policías de Santa Fe, que desde hace dos días mantienen cortes parciales y reclamos frente a distintas sedes, exigen un aumento salarial y denuncian que los plus otorgados por el Gobierno no se distribuyen de manera equitativa, generando malestar dentro de las filas.
La diputada Amalia Granata, representante por Santa Fe, subrayó que la crisis excede lo salarial: “La Policía en Santa Fe tiene problemas hace mucho tiempo no solo por los salarios sino también por el tema de salud mental. Hay que recordar que son quienes nos cuidan y, además, portan un arma. Lo que hizo estallar todo fue un plus que dio el Gobierno, decidiendo a quién dárselo y a quién no, y no como parte del salario”, advirtió. Granata apuntó al rol del Estado en mantener condiciones laborales dignas y a la necesidad de políticas que contemplen tanto los ingresos como la contención emocional de los efectivos, un reclamo que se suma a la histórica falta de recursos en la fuerza provincial.
En un intento por desactivar la escalada de tensión, el gobierno de Santa Fe anunció este miércoles un giro en la negociación con la Policía y el Servicio Penitenciario. Los ministros Pablo Cococcioni, de Seguridad, y Pablo Olivares, de Economía, confirmaron mejoras salariales inmediatas para los efectivos, así como la revisión de sanciones disciplinarias aplicadas durante las jornadas de protesta. La administración de Maximiliano Pullaro, que inicialmente había adoptado una postura de firmeza frente a los reclamos, reconoció públicamente el “esfuerzo mayor” que las fuerzas realizan en la lucha contra el delito y admitió la necesidad de implementar una política de ingresos diferenciada que contemple la antigüedad, el rango y las condiciones específicas de cada área.