En diciembre de 2024, después de quince años de trabajo, ubicada en la provincia de San Juan, Roberto Sarmiento fue echado de la minería sin previo aviso. La decisión, tomada sin causa aparente, llegó sin explicaciones ni litigios, lo que generó sorpresa entre sus compañeros. A cambio de su desvinculación, Sarmiento recibió una indemnización de 110 millones de pesos por parte de la empresa Minera Andina del Sol, conformada por Barrick Gold y Shandong Gold. Aunque la cifra parece exorbitante, no sorprendió a quienes conocen el mundo de la minería, donde los sueldos de los trabajadores oscilan entre los 5.000.000 y 7.000.000 de pesos mensuales. Sarmiento, maquinista de oficio y oriundo de San Luis, mantenía un perfil discreto: clase media, sin deudas ni antecedentes llamativos. Hasta ese momento, su vida había sido definida por el ritmo cíclico de las jornadas laborales en altura, la maquinaria pesada y las escalas salariales de su convenio minero.
La mina Veladero, uno de los yacimientos de oro y plata más importantes de Argentina, se encuentra en la cordillera de los Andes, en el departamento de Iglesia, a una altitud que oscila entre los 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente a 374 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan. La operación de la mina exige una logística compleja, con condiciones laborales extremas. Sarmiento, como el resto de los mineros, estaba sujeto a un sistema de rotación 14×14: 14 días consecutivos de trabajo en la mina seguidos por 14 días de descanso en su hogar. Durante los días laborales, vivía en campamentos mineros diseñados para resistir las rigurosas condiciones climáticas de la alta montaña.
Las jornadas laborales de Sarmiento eran de 12 horas, con turnos diurnos y nocturnos, donde las temperaturas podían descender a -20℃ en invierno, mientras que la radiación solar también resultaba elevada. Después de los intensos turnos de trabajo, Sarmiento disfrutaba de su tiempo libre y reflexionaba sobre en qué gastar su dinero. Sin embargo, su cuenta bancaria experimentó un movimiento inesperado. Unas 72 horas después de haber cobrado la indemnización, recibió otra transferencia por la misma cantidad: 110 millones de pesos. La empresa Minera Andina del Sol había cometido un error administrativo al no advertir que el dinero ya había sido enviado, realizando el pago de manera duplicada.
La denuncia penal y la investigación judicial
Cuando la empresa detectó la duplicación del pago, intentó ponerse en contacto con Sarmiento, pero no obtuvo respuesta. Ante la falta de devolución, decidieron acudir a la justicia. Este error contable se convirtió en el primer paso de una causa penal por estafa, que actualmente está bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas de San Juan, dirigida por el fiscal Guillermo Heredia.
Según los informes bancarios solicitados por la fiscalía, Sarmiento transfirió el segundo monto, es decir, los 110 millones adicionales, a una cuenta a nombre de su esposa, identificada como Muñoz.
“En ese momento se configura el delito de estafa. Ya no se trata de una simple defraudación por no devolver un dinero recibido por error, sino que hay una conducta orientada a ocultar los fondos”, explicó el fiscal Heredia en declaraciones a Infobae. “Ese hallazgo desvió la atención de la causa de una simple omisión a un presunto delito deliberado”, agregó el fiscal. A raíz de esta situación, las cuentas vinculadas a Sarmiento y Muñoz fueron bloqueadas rápidamente para evitar que el dinero se moviera. “El dinero no lo gastaron, sigue estando en la cuenta de la mujer de Sarmiento”, precisó Heredia, quien aclaró que el objetivo de la empresa es que el ex trabajador devuelva los fondos que no le corresponden.
El desafío judicial y la implicación de San Luis
El caso judicial se complicó cuando la justicia de San Juan tuvo que solicitar la colaboración de los tribunales de San Luis, debido a que tanto Sarmiento como su esposa residen fuera del alcance directo de los tribunales sanjuaninos. “El motivo radica en que tanto Sarmiento como su esposa residen en San Luis, fuera del alcance directo de los tribunales sanjuaninos”, señaló el fiscal Heredia. A pesar de que Sarmiento fue citado a declarar ante la justicia de San Luis, no se presentó a la audiencia.
“La causa ya fue formalizada, y si vuelve a ausentarse, se solicitará su detención. Muñoz también fue imputada y deberá declarar sobre su participación en la transferencia”, agregó Heredia, quien también explicó que ambos figuran como imputados en el expediente penal. El delito en cuestión está tipificado en el artículo 172 del Código Penal Argentino, que prevé una pena de entre uno y seis años de prisión.
El fiscal también mencionó la multa que contempla el artículo 175 del código. Además, destacó que, aunque la indemnización parece alta, los trabajadores del sector minero suelen tener escalas salariales elevadas, lo que justifica los montos que se manejan en este tipo de situaciones. “Las empresas suelen pagar indemnizaciones completas y sin litigios para evitar conflictos judiciales”, concluyó Heredia, subrayando la paradoja en la que se encuentra la minera y el ex trabajador en este inusual caso.
Fuente: Infobae
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