Dos enfermeras del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) Pagani de Paraná fueron sancionadas con la cesantía tras una investigación que reveló irregularidades en la gestión y retirada de vacunas. El fallo marca un precedente en la administración pública.
El caso se inició en 2021 y concluyó con la expulsión de las agentes Marcela Ángela Villalba y María Liliana Santagate de los cuadros administrativos del Estado Provincial.
La finalización del sumario fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia Nº28.025.
El caso y las acusaciones
Las enfermeras fueron acusadas de retirar irregularmente vacunas e insumos de su lugar de trabajo. Según el expediente, “nunca negaron haber sacado vacunas o insumos del CAPS, pero sostienen que ello fue de modo regular”. No obstante, la investigación determinó que las prácticas no se ajustaban a las normas establecidas, lo que derivó en las sanciones disciplinarias.
En el marco de las declaraciones, una de las acusadas señaló que “todos los empleados del centro de salud nos llevábamos vacunas antigripales para nuestro grupo familiar; era una práctica arraigada y de cierto orden tipo ‘gauchada’”. Sin embargo, esta práctica fue cuestionada por las autoridades al no ajustarse a los procedimientos administrativos.
La defensa y los argumentos
La defensa de las implicadas intentó argumentar la caducidad del proceso en base a la Ley 9.755, que establece un plazo de 24 meses para resolver un sumario administrativo. Sin embargo, el tribunal desestimó esta petición, considerando que “las demoras causadas por el diligenciamiento de oficios, realización de pericias u otros trámites cuya duración no dependa de la actividad del instructor” no se computan dentro de ese plazo.
Por su parte, el abogado defensor de Gloria Liliana Carfagna, otra de las enfermeras investigadas pero absueltas en el proceso administrativo, destacó que “no se ha podido acreditar la comisión de conductas antirreglamentarias” y que “sus superiores y compañeros no han hecho otra cosa que elogiarla”.
Resoluciones finales
El fallo concluyó que “se encuentra fuera de toda duda la responsabilidad y autoría material de las imputaciones formuladas a las agentes María Liliana Santagate y Marcela Ángela Villalba”. En consecuencia, se resolvió aplicarles “la máxima sanción, expulsándolas de los cuadros administrativos del Estado Provincial”.
En el caso de Santagate, quien ya se había acogido al beneficio jubilatorio, se dejó constancia en su legajo personal de que la cesantía habría sido la sanción correspondiente de no mediar su retiro laboral.
Impacto y precedentes
Este caso subraya la importancia del cumplimiento estricto de los procedimientos en la administración pública, especialmente en áreas sensibles como la salud. Las autoridades recordaron que “la suspensión del juicio a prueba no impide la aplicación de sanciones disciplinarias o administrativas que pudieran corresponder”, destacando que la probidad en el manejo de bienes públicos es fundamental para garantizar la confianza en las instituciones.
El dictamen también refuerza el mensaje de que prácticas informales o tradicionales, como las llamadas “gauchadas”, no justifican el incumplimiento de las normativas vigentes, dejando un precedente claro para el sector público.
Fuente: APF
DEJÁ TU COMENTARIO: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad legal de sus autores.