El Gobierno salió a buscar los dólares del colchón cuando el riesgo país alcanzó su nivel más alto en un año y el mercado presiona sobre el tipo de cambio. La Unidad de Información Financiera (UIF) flexibilizó los controles para incorporar al sistema bancario dinero no declarado, en una decisión que invierte parte de la lógica tradicional del organismo antilavado: ahora va a vigilar que los bancos no controlen la procedencia de los fondos.
La Resolución 144/2026 de la UIF, publicada este martes, establece un régimen especial de debida diligencia simplificada para quienes adhieran al sistema de Declaración Jurada Simplificada. El artículo 15 dispone que, en las operaciones alcanzadas, las entidades no deberán exigir documentación sobre la actividad económica del cliente, el origen de los fondos, sus ingresos o patrimonio, ni verificar que el monto depositado resulte consistente con su capacidad de ahorro. Tampoco deberán solicitar explicaciones adicionales sobre el propósito de una operación cuando pueda deducirse de sus características.
El artículo 19 agrega: “La aplicación sistemática e injustificada de medidas inconsistentes con el perfil de riesgo […] podrá ser valorada por la UIF y los Organismos de Contralor Específicos en el marco de sus facultades de supervisión”.
La resolución abre un interrogante frente a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que Argentina forma parte desde 2000. Sus recomendaciones admiten procedimientos simplificados cuando existe una evaluación fundada de bajo riesgo, pero también exigen identificar al cliente, monitorear las operaciones y aplicar controles proporcionales al riesgo de lavado.
La urgencia tiene una explicación. Javier Milei necesita dólares para sostener el tipo de cambio, ancla princpal de su programa antiinflacionario. Pero cuanto más se deteriora la confianza financiera, más difícil resulta conseguir esas divisas.
Lo llamativo es que el Gobierno enfrenta dificultades para sostener el tipo de cambio en uno de los escenarios comerciales más favorables de la última década. Entre enero y septiembre, Argentina acumuló un superávit comercial de 21.198 millones de dólares, contra apenas 6.046 millones en el mismo período de 2025. Las exportaciones alcanzaron los 77.267 millones, con un crecimiento interanual del 21,6%, mientras las importaciones retrocedieron 2,5%, hasta 56.069 millones.
Los términos del intercambio también juegan a favor. Durante el tercer trimestre mejoraron 4,2% interanual y alcanzaron el nivel más alto para ese período desde 2016.
Septiembre ofrece una fotografía todavía más elocuente. Las exportaciones superaron por primera vez los 10.000 millones de dólares mensuales y alcanzaron los 10.036 millones, con una suba interanual del 23,5%. El resultado fue un superávit de 2.976 millones, el mayor para un septiembre desde el inicio de la serie en 1990. Argentina encadenó así 34 meses consecutivos de saldo comercial positivo.
Sin embargo, la abundancia de dólares comerciales convive con una persistente restricción financiera. Los dólares que ingresan por exportaciones también deben atender pagos de deuda y dolarización de excedentes. La economía tiene una canilla comercial abierta y, al mismo tiempo, un desagüe financiero que dificulta llenar el tanque. La cuenta no cierra. La demanda de dólares por parte de personas físicas supero los 3.100 millones de dólares al contabilizar pagos con tarjeta de crédito y compra de billetes físicos.
A ese desequilibrio se agregó el debilitamiento de una fuente de divisas que resultó determinante durante los últimos meses. El endeudamiento externo de provincias y empresas, que venía creciendo a ritmo sostenido mediante colocaciones, perdió impulso. Según los datos de mercado, el ritmo de colocaciones se redujo a la mitad en el último mes. Y las provincias no lograron concretar nuevas emisiones en todo octubre.
Lo cierto es que la disponibilidad de financiamiento externo privado, que había contribuido a sostener la oferta de dólares, quedó condicionada por el deterioro de las condiciones financieras. El riesgo país explica buena parte de ese freno. Este martes volvió a ubicarse en 829 puntos básicos y alcanzó un nuevo máximo anual. Desde los mínimos de julio, cuando rondaba los 400 puntos, el indicador prácticamente duplicó su valor.
Ahí aparece el núcleo del problema. El riesgo país sube porque los inversores desconfían de la capacidad argentina para conseguir los dólares necesarios para pagar sus compromisos. Pero esa misma suba encarece el financiamiento y dificulta obtener las divisas que permitirían despejar esas dudas. El encarecimiento del crédito reduce las posibilidades de refinanciar vencimientos y obliga a depender todavía más de los recursos disponibles.
Es una cinta de Moebius financiera: la falta de dólares alimenta el riesgo país y el riesgo país profundiza la falta de dólares.
La caída de los bonos agrega presión sobre el mercado cambiario. Los inversores que buscan reducir su exposición a los activos argentinos pueden desprenderse de sus títulos y demandar divisas para retirar capitales o cubrirse frente a una eventual corrección del peso.
Este martes el dólar oficial llegó a 1.570 pesos, con un avance del 0,30%. El blue alcanzó el mismo valor, mientras el MEP subió a 1.575,59 pesos y el contado con liquidación a 1.666,35 pesos. Este último avanzó 0,52% y mantuvo una brecha cercana al 6,1% respecto del oficial. El dólar tarjeta se ubicó en 2.041 pesos.
El Banco Central quedó atrapado en esa tensión. En las primeras dos jornadas hábiles de la semana no intervino en el mercado de cambios. Comprar dólares contribuiría a la presión alcista sobre el precio de la divisa. Con los cual la prioridad cambiaria termina restringiendo la acumulación de divisas.
La situación complica además las cuentas del Tesoro. Los vencimientos de deuda requieren dólares efectivos, no solamente un superávit fiscal expresado en pesos. Si el Gobierno no consigue refinanciar sus obligaciones en el mercado, debe utilizar sus depósitos, obtener nuevos préstamos o adquirir divisas. Cada una de esas alternativas reduce el margen de maniobra.
En ese contexto, la resolución de la UIF adquiere una dimensión que excede la regulación bancaria. El Gobierno intenta movilizar los ahorros privados para compensar una restricción de dólares que persiste pese al superávit comercial, la mejora de los precios internacionales y el crecimiento de las exportaciones energéticas.
La encerrona del programa económico queda así expuesta. Milei necesita dólares para sostener el tipo de cambio y pagar la deuda. La escasez de reservas eleva el riesgo país, el riesgo país encarece el crédito, el financiamiento se retrae y la demanda de cobertura vuelve a presionar sobre el dólar. Esa presión reduce el margen para comprar reservas y alimenta nuevamente las dudas sobre la deuda.
Para romper ese circuito, el Gobierno decidió que el organismo de prevenir el lavado de activos ahora deberá supervisar que los bancos no controlen el origen de los fondos. La cinta de Moebius sigue girando.
Fuente: La Política Online