Empresario acusó a exfuncionarios de puerto entrerriano por pedido de coimas

El ex concesionario José Uriburu denunció ante la Justicia al ex presidente del Ente Portuario, Carlos María Scelzi (nieto) y al ex titular del Instituto Provincial, Leonardo Cabrera, entre otros ex funcionarios portuarios de la gestión de Gustavo Bordet y colaboradores judiciales por “corruptos, coimeros y ladrones”. Aseguró que les pagó coimas en dólares y que armaron causas “truchas” en sus maniobras para facilitar u obstaculizar las operatorias empresarias en el Puerto uruguayense.

 

 

“Le pagué 30.000 dólares en el Faro a (Carlos María) Scelzi. Me dijo que vaya al Faro porque me dijo que se sentía tranquilo porque era de un familiar de él”. La frase forma parte de la denuncia presentada el 26 de abril ante la Justicia por el empresario y abogado José Uriburu.

 

 

 

Se recordará que la empresa encargada del depósito fiscal integral del Puerto local entró en quiebra y dejó 30 personas sin trabajo. Pero después se conoció una denuncia presentada en los últimos días de abril, por un abogado que revelaba una trama de coimas pagadas en dólares, maniobras fraudulentas para alejar a concesionarios o favorecer a otros, cooperativas truchas y otras argucias legales, todas denunciadas con nombres y apellidos de prominentes funcionarios como Carlos María Scelzi y Leonardo Cabrera, ambos ex responsables del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (Eapcu) y del Instituto Portuario de Entre Rios (IPEER), e involucrando incluso al Fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes.

 

El escándalo pone en el centro de la discusión el manejo del Puerto uruguayense. José Alberto Uriburu, que fue concesionario en la estación fluvial de La Histórica, disparó contra Cabrera y contra Scelzi (nieto), por haberle cobrado coimas (“en dólares”) para quedarse con la explotación de los silos y del depósito fiscal portuario, y de maniobrar contra su antecesor y contra él mismo a través de juicios laborales armados “que resolvía convenientemente el destituido juez laboral Eduardo Flores”. “De un día para el otro y de manera coordinada entre el Ente Autárquico de Concepción del Uruguay y la Justicia Laboral se pusieron de acuerdo y me clausuraron la empresa. Esto sucede en el marco de unos reclamos laborales falsos que fueron armados por el administrador Carlos María Scelzi”, aseveró. El mencionado Scelzi es hijo del exdiputado provincial y nacional, Carlos Scelzi y nieto del viejo caudillo peronista de Concepción del Uruguay y exintendente de la ciudad, del mismo nombre. El exfuncionario Scelzi es además esposo de María Fernanda Erramuspe, vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Concepción del Uruguay.

Además de ir contra el ex viceintendente, el empresario apuntó contra Cabrera, antecesor de Scelzi, ex mandamás del Instituto Portuario de Entre Ríos y cesado subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, manifestando que le solicitó coimas para prorrogar la concesión.

En su denuncia asegura que “Cabrera me cita al bar RYS de la ciudad, momento en el cual me pide 20.000 dólares para repartir a cambio de la prórroga de mi permiso de uso del predio donde opera mi empresa, y que por derecho me corresponde”.

Uriburu, entrevistado extensamente por Hugo Barreto en el programa ‘Las Cosas por su nombre’ (Radio 9), no se quedó ahí y también señaló al ex fiscal de Estado de la Provincia, Julio Rodríguez Signes: “Me dicen: ‘está detrás de tu empresa y presentó una empresa fantasma para quedarse con el puerto’”.

La denuncia: “Les pagué coimas en dólares”

El abogado José Alberto Uriburu, en nombre de la empresa que estaba a cargo de la explotación del depósito fiscal de la Terminal del Puerto Concepción del Uruguay, realizó su denuncia el pasado 26 de abril, al mediodía, en una exposición realizada ante el Ministerio Público Fiscal, que firma el propio Uriburu y el Secretario General de Coordinación de la Fiscalía, Juan Agustín Perinotto.

“No había plata, no había trabajo, y seguían pidiendo coimas. Las personas que tenían que velar por el desarrollo del Puerto, son las que lo cerraron”, dice Uriburu.

 

La denuncia, realizada ante la Fiscalía de Concepción del Uruguay, involucra a los ex presidentes del Ente Autárquico Concepción del Uruguay, Carlos María Scelzi (nieto) y Leonardo Cabrera y al ex juez laboral Eduardo Flores. Uriburu los acusa de cobrarle coimas, de extorsionar y armar juicios laborales para perjudicar a los concesionarios del depósito fiscal y de armar todo un entramado para beneficiarse personalmente con esas maniobras. También incluyó en su denuncia a un supuesto socio de Scelzi, llamado Gastón Tallone.

En un extenso diálogo, el empresario y abogado reconoció incluso haber pagado coimas en dólares para obtener la explotación de los silos y del depósito fiscal portuario. “De un día para el otro y de manera coordinada entre el Ente Autárquico de Concepción del Uruguay y la Justicia Laboral se pusieron de acuerdo y me clausuraron la empresa. Esto sucede en el marco de unos reclamos laborales falsos que fueron armados por el administrador Carlos María Scelzi”, señaló de entrada.

Coimas en dólares desde 2021

El primer hecho de corrupción que denuncia Uriburu tiene que ver con la concesión y explotación de los silos. “Fui a Concepción del Uruguay a invertir en unos silos en el año 2021, la marca es Jointek Agro, pero luego de haber hecho una inversión bastante grande me entero de que no los iba a poder utilizar porque el elevador de granos no funcionaba, esos silos podrían estar dando una cantidad de trabajo impresionante”, comentó.

“Es una inversión muy mínima que debería hacer el Ente Portuario, en su momento me ofrecí a hacerla, por suerte me dijeron que no, si yo lo hacía tenía que ir ‘con arreglos’ para Carlos María Scelzi, tenía que darle a él un retorno, y por eso decidí no avanzar”, dijo.

 

Resaltó que esa empresa de silos fue creada “para poder hacer un trabajo genuino en Concepción del Uruguay, pero siempre apareció la mano de Carlos María Scelzi. que es la persona que me autoriza a través de un consejo ad hoc, a utilizar los silos, me sacan toda la documentación, me llaman, me invita, viene a mi casa a cenar y en toda esa charla salen los primeros diez mil dólares que yo le pago a él y a una persona que es socia de él, que se llama Gastón Alfredo Tallone, quien está vinculado con el narcotráfico en Concepción del Uruguay”.

Según Uriburu, esa fue la primera de las coimas que le cobraron. “Carlos María Scelzi me dijo que fuera a cenar a El Faro, ‘vamos a estar tranquilos porque es de mi sobrino, vamos a comer ahí y charlamos’, y en esa charla sale la primera dádiva. Scelzi se fue a contar la plata al baño y yo me quedé ahí sentado en la mesa, fue una situación muy curiosa, hasta me causó un poco de gracia, por lo triste de la situación. Después de eso no pude terminar de trabajar en los silos porque no andaba el elevador, entonces toda la inversión que había hecho fue en vano”.

Juicios armados

Según Uriburu, ante el fracaso de la explotación de los silos llega la oferta de hacerse cargo del depósito fiscal, pero “otra vez debía pagar coimas” y además convertirse en cómplice de una maniobra fraudulenta con la empresa que hasta ese momento explotaba el servicio. Aquí sus dardos apuntan a Leonardo Cabrera y al ex juez Eduardo Flores.

“Scelzi me dice que estaban por vender el depósito fiscal de Concepción de Uruguay. ‘¿Por qué no te metés que estás en la actividad?’. La verdad que siempre lo miré con un poco de recelo, hasta que decidí invertir y comprar la empresa que manejaba el depósito fiscal. Ahí empiezo a ver unos tironeos entre el Ente Autárquico y los anteriores dueños. De la empresa me comentan ‘Carlos María nos está queriendo armar una cantidad de juicios terribles con una cooperativa de trabajadores’,” que según Uriburu sería “trucha”, armada por Scelzi a nombre de un trabajador del Ente Autárquico”, cooperativa que incluso lleva su apellido (Aguirre).

La maniobra, según el denunciante, era que “en algún momento él (Aguirre) había puesto a trabajar a diez empleados en el depósito fiscal, previo a que yo ingresara”. Señaló que ninguno tenía más de unos días de trabajo cumplido, incluso algunos “en modalidad virtual”, todos habían sido dado de baja en la AFIP, previo pago de sus honorarios “y los tipos desaparecieron”.

“Cuando voy a comprar la empresa me llama Carlos María Scelzi y me dice ‘voy a armar una mochila de juicios para ahogar a los actuales dueños para que vos puedas comprar más barato y entrar’”, rememoró Uriburu al asegurar que tiene la conversación telefónica grabada. “Entonces le digo: ‘Mirá Carlos, no me parece, no es el estilo, las cosas que empiezan así terminan mal, no me parece que yo tenga que aceptar esto’. Al otro día me llaman los anteriores dueños y me dicen ‘José necesitamos ya irnos de acá porque nos están inundando de juicios, si vos comprás la empresa después seguramente lo vas a poder manejar’. Bueno, avancé con los pasivos laborales, o sea, yo compré la empresa con juicios armados”, detalló en la entrevista.

Otra coima de miles de dólares

Siempre según el relato de Uriburu, Scelzi aseguró que armaría los juicios laborales con un abogado llamado Jorge Lifschtiz. “Tengo una captura de pantalla de la charla con Carlos María Scelzi en la que me dice ‘van a caer en el juzgado Laboral Nº2 del juez Flores, que es un juez que lo echaron por corrupto”. “Vos después te acomodas con ellos y les pagas 200.000 pesos a cada uno y se dan de baja”, habría dicho Scelzi.

Uriburu dice que prefirió no aceptar ese “consejo” porque “nunca me pareció honesta ni transparente y sabía que iba a terminar mal”. Y afirma que le dijo a Scelzi: “Esto no corresponde, den de baja los juicios o hagan lo que tengan que hacer”. Al finalizar la concesión, que vencía en septiembre, asegura Uriburu que presentó “todos los documentos en junio para que me dieran la prórroga”.

“Cuando me dan la prórroga, aparece Leonardo Cabrera” (ex titular del Ente Portuario y luego subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación en el Ministerio de Transporte. Cabrera fue destituido de ese cargo en septiembre de 2022). Sigue Uriburu: “A Cabrera, como si fuera un héroe, lo mandan de presidente del Instituto Portuario de la Provincia de Entre Ríos. Y la primera charla la tiene conmigo, me pide ochenta mil dólares, pero lo grabé y ya hice la denuncia penal en la Fiscalía de Concepción del Uruguay”. El denunciante asegura que hasta ahora no lo llamaron para ratificar la denuncia: “No hicieron absolutamente nada por el momento, ya hace dos semanas que lo denuncié y nadie me llamó”.

“Me comprometo a aportar para esta investigación audios de WhatsApp, chats, conversaciones grabadas, de las cuales surge de forma explícita”, dice Uriburu en su denuncia.

Asegura Uriburu que también pagó parte de esa coima. “Carlos María Scelzi me dijo ‘a partir de ahora vas a empezar a hablar con Leo (por Cabrera), que es de mi riñón’. Me demoraron la prórroga hasta que yo le pago a Cabrera una parte de la coima que él me pedía, caso contrario no avanzaba y me iba a quedar con los empleados en la calle”. Según Uriburu, cansado de esta situación les dijo que no pagaría más hasta que le dieran los papeles. “¿Qué hicieron? Si no me vas a pagar, te pedimos la quiebra, tuvieron la oportunidad de pedir la quiebra durante dos años, y no, lo hicieron justo cuando estaba llegando al final de la concesión, cuando había pedido la renovación y cuando trataba de llegar a un acuerdo”.

“En esa charla me di cuenta de que había alguien empujando para que yo me vaya de acá. Y fue así, porque al otro día de una manera muy coordinada, aparecen del Juzgado Laboral, me clausuran la empresa con un oficial de Justicia, cierran las puertas, quedan todas las maquinarias a la intemperie, maquinaria alquilada, quedó incautada y en el predio, se están deteriorando a la intemperie. A nadie le interesa”.

Las charlas con el exjuez por “juicios armados”

“Tuve dos charlas con el juez Flores, una en presencia de mi padre. Cuando me desayuno de toda esta maraña de `juicios espejos’, porque son diez personas que nunca iban a trabajar o que yo no conocía, que presentan exactamente la misma demanda con el mismo abogado y hasta con el mismo número de DNI. Todos utilizan una misma demanda que es desde el día de inicio de actividades de la empresa hasta el día que yo la compro. Y en tiempo récord de un mes sacan una sentencia firme de 15 millones de pesos para cada uno, para el que trabajó un día, para el que trabajó dos días y para que trabajó cinco u once, que es el que más trabajó”, asegura Uriburu.

“En la reunión con él (por el Juez Flores) le dije `Estás matando a una empresa y vas a matar una fuente de trabajo, esto no se hace, vos sos un corrupto’. Y me fui del juzgado. Después de esa charla pasan dos semanas y, finalmente, lo destituyen por corrupto con un jury”.

Pero antes de la destitución, Uriburu dice que recibió un llamado telefónico de Eduardo Flores y que empezó a grabarlo: “Me dice que tiene la solución para mi problema, es decir, el juez que me había condenado, que me mandó a la quiebra, me llama y me dice, ‘para un empresario como vos no va a ser barato, pero yo te lo soluciono’. Tengo grabada la conversación, también la presenté en la Justicia para que vean cómo con juicios armados terminaron pidiéndole la quiebra a una empresa que estaba genuinamente funcionando, y que les daba trabajo a personas que hoy se encuentran en la calle”.

“Nunca supieron que yo tenía todas las conversaciones grabadas y todas las cosas que yo tengo todavía para seguir presentando la Justicia, relacionadas con el narcotráfico en Concepción del Uruguay, de esta persona que se llama Gastón Tallone, que está ahí viviendo en la ciudad y que es el socio de Carlos María”, sostuvo el denunciante.

Una grúa de un millón de dólares y más retornos

En medio de todo eso, siempre según el relato de Uriburu, “cansado de la situación, lo fue ver a Juan Pedro Aguirre, le hice una cámara oculta, y él me dice ‘esto lo tenés que arreglar vos con Carlos (Scelzi), porque él me dijo que yo le diga a los gurises que hagan los juicios’. Lo llamo a Carlos María Scelzi (pero) ya no me atiende el teléfono, y la relación con él ya se había puesto ríspida anteriormente porque él me había querido hacer parte de un negocio de la compra de una grúa”.

Explicó que, en el marco de la federalización del transporte, el entonces ministro Alexis Guerrera y Sergio Massa le dieron 200 millones de pesos a la provincia para invertir en una grúa, en ese momento era algo más de un millón de dólares. Según su relato, tras pedirle a Scelzi que compren una por considerarla vital para el desarrollo del puerto, éste le propuso “hacer un negocio”: `Si vos me ayudas a comprar la grúa, después te hago un retorno´”.

Uriburu asegura que se negó y que entonces “compraron una grúa que es una XCMG 70, que no sirve para la actividad portuaria”. Y aseguró que si auditan esa compra verán que “tiene muchos retornos, y si hoy cualquier persona va al Ente Autárquico, entra al galpón y ve una máquina tapada, es la grúa que compraron con un millón de dólares, una grúa que vale menos de 100 mil dólares”. “El resto de la plata ¿dónde está?”, se preguntó.

 

Tras insistir en que todo lo presentó en la Justicia y que hasta el momento no lo llamaron para ratificarla, Uriburu argumentó: “Siempre le dije a toda la gente con la que tuve la oportunidad de trabajar: “No se pagan coimas a la aduana, a la AFIP, a Senasa, no se le paga coimas a nadie”.

“Siempre trabajé de manera transparente y nadie te puede decir lo contrario, por eso hablo como hablo, fueron tanto los embates que tuve del Ente Autárquico para que yo me vaya o para que pague coimas, que en un momento decidí dejar todo de lado. Porque la verdad que no había plata, no había trabajo, y seguían pidiendo coimas. Las personas que tenían que velar por el desarrollo del Puerto, son las que lo cerraron”, se quejó.

Denuncia a “los Scelzi”

Uriburu se explayó en relación con “los Scelzi”, como se refirió al grupo que lo habría extorsionado: “Siempre escuché `No te metas con los Scelzi que son los caudillos’, a mí la verdad no me interesa otra cosa que se presenten en la causa penal y digan que los audios pidiendo las coimas, no son las voces de Carlos María (Scelzi) ni de Leonardo Cabrera. En esos audios, que fueron en (la confitería) La Ris, me piden veinte mil dólares para darme la prórroga que me correspondía por derecho. Esa prórroga nunca me la dan pese a que yo formalizo el pago. Porque, o me quedo sin laburo y pierdo toda la inversión que hice, o le pago a estos delincuentes para seguir trabajando”.

Uriburu asegura que les pagó lo pedido, y que ya en la nueva gestión (Marcos De Giuseppe y Juan Ruiz Orrico) “que son personas sobre las cuales no tengo nada para decir, porque se acercaron con buenas intenciones para ver de qué manera podrían ayudar, pero lo cierto es que me dicen `No te podemos dar la prórroga porque tenés un pedido de quiebra’. ¡Pero es un pedido de quiebra armado!”, dice el denunciante. “No me dieron la prórroga y me tuve que ir de Concepción del Uruguay con las manos vacías y con la gente en la calle, que fue lo que siempre me preocupó”.

Además, apuntó contra Scelzi, involucrando también a Carlos José Scelzi, el padre de Carlos María, y de acuerdo a sus dichos, lo puso en conocimiento de todo lo relatado. “Me contestó una serie de guarangadas, y ahí pude entender: esos son los Scelzi, si no pueden conseguir plata de lo ajeno, no les interesa. Entonces ahí yo definitivamente decidí ir por la justicia”.

“En el audio que ellos me piden la coima; me mencionan a Julio Rodríguez Signes, el fiscal de la Provincia, ‘está detrás de tu empresa y presentó una empresa fantasma para quedarse con el puerto’, se llama Puerto del Litoral S.A, los socios eran dos linyeras de Concepción del Uruguay para quedarse con el depósito fiscal que yo estaba operando. El depósito fiscal básicamente es una moneda de cambio para amigos y para ir recibiendo coimas, o para que ellos vayan viviendo de lo ajeno. En las computadoras del Ente Autárquico vi un correo de Julio Rodríguez Signes preguntando al presidente bajo qué modalidad se me había otorgado el permiso de uso, por qué me lo habían otorgado, cuándo se vencía mi permiso de uso, cuánto pagaba yo de canon, cuántos empleados tenía, o sea él ya estaba armando todo esto a mis espaldas. Y en una conversación muy puntual, Carlos María Scelzi me dijo `Ojo que al fiscal Rodríguez Signes te lo saqué yo de encima, se estaba por quedar con tu empresa, mirá que es un es un mercenario se quiere quedar con todo´. Ese audio lo tengo de una conversación telefónica grabada, es una escucha”.

“Cualquier persona o empresa que haya tenido alguna intervención con el Ente Autárquico del puerto de Concepción del Uruguay, ya sea PTP, Depósito Fiscal Concepción del Uruguay, Rual S.AS, de las cámaras; todas, absolutamente todas tuvieron que pasar por el bolsillo de Carlos María Scelzi”, agregó en su alocución, según transcribió El miércoles digital.

Por último, enfatizó en que va a continuar con su reclamo, “para que sepan quiénes son los corruptos y para que definitivamente los saquen de una buena vez y para siempre del ejercicio de la función pública, porque no podemos tener funcionarios públicos que estén pendientes de qué le cobra este, y mientras la provincia, los trabajadores, los inversores, los empresarios, la ciudad se hunden; no se puede permitir más ese tipo de cosas”. “Estamos en una época de la Argentina en la cual tenemos un presidente que decidió ir para adelante en contra de todos los corruptos. Bueno, yo voy a hacer exactamente lo mismo y no me voy a quedar callado”, concluyó.

Fuente: Elonce