La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revisa la pena de cinco años y ocho meses impuesta a Juan Enrique Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en un choque ocurrido en 2024 sobre la ruta provincial 39: Brian y Lucas Izaguirre, Axel Rossi y Leonardo Almada.
Durante la audiencia de este miércoles, la defensa, las querellas y el Ministerio Público Fiscal exponen sus argumentos sobre la impugnación extraordinaria presentada contra la sentencia. Ruiz Orrico no está presente en la sala.
El tribunal está integrado por Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia. La defensa del exfuncionario está a cargo de los abogados Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez.
Qué se discute en la audiencia
Mario Arcusin, abogado querellante que representa a familiares de las víctimas, explicó que la defensa no cuestionó en esta instancia la responsabilidad penal de Ruiz Orrico. El planteo está centrado en la graduación de la condena.
“Esta audiencia tiene esa finalidad: determinar si los cinco años y ocho meses constituyen la pena adecuada. La defensa considera que el máximo debería quedar limitado para hechos de mayor gravedad”, indicó Arcusin.
En ese sentido, el letrado sostuvo que la pena no debía establecerse mediante un cálculo basado únicamente en el número de víctimas. Afirmó que los jueces debían analizar las circunstancias concretas que rodearon el choque.
“Entendemos que está la regla de la sana crítica y que el juez decide en función de todas las cosas que ocurrieron alrededor del hecho”, manifestó.
Los argumentos de la querella
Arcusin recordó que el artículo 84 bis del Código Penal contemplaba diferentes agravantes para los homicidios culposos producidos durante la conducción de un vehículo.
La querella consideró que los jueces que intervinieron anteriormente habían evaluado la utilización de un vehículo oficial para fines privados, la condición de funcionario público que tenía Ruiz Orrico y la conducción bajo los efectos del alcohol.
“El artículo 84 bis tiene varias causales. Además de la negligencia, la impericia y la inobservancia, está la inobservancia de los deberes a su cargo. Como funcionario público tenía ciertos deberes que debía cumplir”, expresó el abogado.
Arcusin sostuvo que tanto el juez de primera instancia como los magistrados que revisaron la condena habían contemplado esas circunstancias al fijar la pena.
“No tenemos que hacer cuentas”
El representante de las víctimas anticipó que su exposición se concentraría en defender el criterio utilizado para establecer la condena de cinco años y ocho meses de prisión efectiva.
“Mi alegato se va a referir básicamente a que no tenemos que hacer cuentas de división o multiplicación, sino establecer si para este caso la gravedad justifica la pena que se impuso”, explicó.
El abogado rechazó que la sanción debiera reducirse mediante una comparación matemática entre la cantidad de fallecidos y el máximo previsto por la legislación.
“No hay que pensar qué habría pasado si en vez de un auto con cuatro chicos venía un colectivo con 25 personas. Si para 25 fueran seis años, ¿cómo definimos cuánto corresponde para cuatro? Hacer una división proporcional no tiene sentido para nosotros”, agregó.
Cuándo se conocerá la decisión
Los integrantes de la Sala Penal podrán comunicar su resolución al finalizar la audiencia o fijar una fecha posterior. La decisión también podría notificarse mediante el sistema de mesa virtual.
Según explicó Arcusin, la sentencia del Superior Tribunal agotará la instancia judicial provincial. El pronunciamiento podrá confirmar los cinco años y ocho meses o modificar el monto de la pena.
“Pueden dar la sentencia hoy, fijar otro día para comunicarla o notificarla por mesa virtual. Allí terminaría la etapa provincial y quedaría establecida la pena”, señaló.
El pedido de prisión efectiva
El querellante sostuvo que, una vez dictada la resolución de la Sala Penal del STJ, solicitaría el cumplimiento efectivo de la pena y la comunicación correspondiente al Servicio Penitenciario para el traslado de Ruiz Orrico a una unidad penal de la provincia.
Arcusin indicó que una eventual presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no impediría, según su interpretación, la ejecución de la sentencia provincial. Esa cuestión dependerá de lo que resuelva el tribunal y de los planteos que formule posteriormente la defensa.
“Yo pido la prisión efectiva porque la sentencia estableció prisión efectiva. Hasta ahora la defensa no planteó ninguna posibilidad de arresto domiciliario u otra modalidad”, afirmó.
La condena por el choque fatal
Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por homicidio culposo agravado a raíz del choque ocurrido el 20 de junio de 2024 en la ruta provincial 39, departamento Uruguay.
El impacto provocó la muerte de cuatro trabajadores que se trasladaban en otro vehículo. La sentencia también contempló una inhabilitación para conducir.
La condena fue revisada previamente en Casación y llegó al Superior Tribunal mediante la impugnación extraordinaria de la defensa. La resolución de la Sala Penal determinará si se mantiene la pena impuesta o si corresponde modificarla.