El salario mínimo argentino es el penúltimo más bajo de Latinoamérica

El salario mínimo argentino es el penúltimo más bajo de Latinoamérica

El sueldo básico sigue pendiente de actualización desde diciembre por el gobierno de Javier Milei y se ubica en 156.000 pesos, cuando la devaluación hizo saltar los precios encima del 20 por ciento.

De este modo, el salario mínimo argentino mensual en dólares quedó a fin de diciembre como el penúltimo más bajo de Latinoamérica, con 152 dólares, según la consultora Statist.

Se trata de una referencia estadística que se afirma en estimaciones de valores nominales, es decir que no están ajustados en función del poder de compra ni el costo de vida en cada economía analizada.

Venezuela, con 3,61 dólares, tiene el más bajo de toda la región, en la que Costa Rica encabeza la medición, con 687 dólares, que supera a la Argentina en cuatro veces y media.

Luego viene Uruguay, con 570 dólares, lo cual explica una tendencia de mano de obra de este lado del Río de la Plata que lo cruza en busca de trabajo temporario demandado por el turismo.

Previamente, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, corrigió el básico en 5,5%, lo cual produjo un corrimiento en las escalas de remuneraciones e hizo que, por ejemplo, un changuero que va a trabajar a los balnearios orientales perciba unos 1.000 dólares mensuales.

El salario de arranque en Chile asimismo quedó cuatro veces más alto que en la argentina, a partir de que el mandatario Gabriel Boric aplica incrementos graduales para que llegue a los 500.000 pesos chilenos (US$567).

Ecuador, Colombia y Brasil también empezaron el año con los mínimos por arriba de los argentinos.

Hace 8 años, la Argentina tenía el número de los mínimos más altos de la región, con $583 dólares mensuales.

Dentro del ajuste en la política de ingresos, la administración Milei demora todo lo que puede las actualizaciones salariales y el secretario de Trabajo, Ómar Yasin, recién anuncia que en los próximos días será convocado el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, al tiempo de calificar de “considerables” los incrementos a tratar.

Las patronales, en tanto, endurecen su posición en los sucesivos encuentros paritarios pactados con los gremios, donde ya merodean las amenazas de despidos por la recesión como marco de las discusiones.

La publicación del índice de precios récord de diciembre se aguarda como una referencia vital para hablar de porcentajes, en el contexto de un tarifazo latente para los servicios públicos, como gas, electricidad, agua y transporte.

Por de pronto, el lunes 8 de enero las empresas distribuidoras y transportadoras de gas y referentes de municipios y consumidores fueron convocados por las nuevas autoridades de Enargas para fijar las escalas de los aumentos en las tarifas de gas, a partir del valor ya dolarizado en la boca de los yacimientos, que determinará la quita de subsidios del Tesoro con que se estaban mitigando.

La audiencia para tratar las tarifas eléctricas será recién el 26 de enero, tras la disposición del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), pero las facturas del mes ya vendrán con los ajustes inerciales aun cuando los subsidios no fueron retirados.

En estos días, EDENOR y EDESUR deberán presentar sus pretensiones de adecuación tarifaria, que según las versiones parten de un 200 por ciento de mejora en los márgenes en relación con los valores de la cadena de distribución compuesta por Transener, Transba, Transpa, Transco, Transnea, Transnoa, Distrocuyo y Epen.

El resultado de esos traslados de costo y la rentabilidad se reflejarán en el cuadro a pagar por los usuarios en las facturas de marzo en no menos del 50/60%, según se dedujo de las aspiraciones de las compañías prestadoras del servicio.

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