El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó sobre leyes vetadas por Milei que, de implementarse, elevarían significativamente el gasto del Estado argentino. En el staff report correspondiente a la primera revisión del acuerdo vigente, el organismo multilateral advirtió que la prórroga de la moratoria previsional, el aumento de jubilaciones del 7,2% y la declaración de emergencia en discapacidad representarían un costo fiscal equivalente al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI).
Estas iniciativas, que fueron aprobadas por el Congreso y luego vetadas por el presidente Javier Milei, fueron definidas por el FMI como “costosas iniciativas” promovidas en un contexto de “presión electoral”. El organismo sostuvo que estas medidas comprometen la meta fiscal de superávit primario del 1,6% del PBI que el Gobierno nacional se fijó para este año.
“El Congreso aprobó iniciativas de gasto para pensiones, discapacidad y transferencias a provincias por un 1,5% del PBI”, señala textualmente el documento difundido por el FMI, que, sin embargo, aprobó un nuevo desembolso de US$2000 millones, pese al incumplimiento de la meta de reservas acordada.
Tensión política y posibles conflictos judiciales
Frente a la posibilidad de que el Congreso insista y anule el veto presidencial, desde el Gobierno aseguran estar evaluando la judicialización del tema. Además, trascendió que la Casa Rosada busca acuerdos con gobernadores para frenar el avance de las iniciativas, especialmente la que establece la emergencia en discapacidad.
En ese marco, se propuso un aumento más acotado en las partidas para personas con discapacidad como medida intermedia. “Queremos sostener el equilibrio fiscal, pero también entendemos la sensibilidad del tema”, indicaron fuentes oficiales. El objetivo es contener el conflicto político sin romper el compromiso con el Fondo.
A pesar del conflicto, el FMI destacó positivamente la voluntad del presidente Milei de avanzar hacia una reforma estructural del sistema previsional. Según el staff técnico del organismo: “Busca armonizar contribuciones y prestaciones, promoviendo la formalización laboral”. La presentación del nuevo esquema está prevista antes de diciembre de 2026.
El FMI insiste en la disciplina fiscal
El staff report de la primera revisión incluye una mirada crítica sobre el panorama económico argentino, señalando que los riesgos políticos podrían dificultar la aplicación del programa. La situación se complejiza por el clima electoral y el rechazo social a algunas medidas de ajuste.
“Estas iniciativas desafían los objetivos fiscales y podrían deteriorar la sostenibilidad del programa acordado”, apuntaron desde el Fondo. Sin embargo, también valoraron “el compromiso de las autoridades argentinas con la disciplina fiscal, a pesar de las complejidades políticas”.
Con este diagnóstico, el FMI alertó sobre leyes vetadas por Milei y pidió redoblar esfuerzos en el cumplimiento de metas macroeconómicas. La resolución del conflicto en el Congreso será clave para evitar un desvío mayor en el plan económico y mantener el respaldo internacional.
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