Efecto ley Bases: Gobierno pone en la mira a 125.000 empleados públicos para nueva ola de despidos
Ley Bases: la modificación que habilitaría al Gobierno a “pasar a disponibilidad” a miles de empleados
De acuerdo a cifras a las que accedió Ámbito, si la ley Bases consigue la ratificación de la Cámara alta, la nueva regulación dejaría en la mira del Gobierno a un total de 125.000 empleados que actualmente cuentan con estabilidad plena porque están bajo el amparo de la ley Marco y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sumados a los 55 mil de planta transitoria, el universo de empleados públicos en riesgo se elevaría a 180.000.
Fuentes oficiales señalaron a este medio que los contratos están siendo revisados en el marco de la auditoría que el Gobierno lleva adelante desde el inicio de la gestión de Milei. Y apuntan que “cada área va a evaluar la continuidad de sus empleados”. Sin embargo, aseguran que aquellos que “tengan responsabilidades o cumplan tareas seguirán trabajando”.
En el caso de que el empleado sea despedido, estará habilitado a percibir una indemnización por sus años de trabajo, la cual contemplará un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses.
Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), advirtió a este medio sobre el impacto de la sanción de la ley Bases en el empleo público. “El Gobierno presenta una reforma bajo el título de modernización laboral y la misma configura un enorme retroceso. Es absolutamente regresiva en materia de derechos laborales”, dijo y afirmó que “solamente en los gobiernos de facto existen registros acerca de que se pretenda poner en disponibilidad a los empleadas públicos de la planta permanente. En aquel momento se la denominó Ley de Prescindibilidad”, agregó.
Los organismos que podrían verse afectados por la aprobación de la ley Bases
La modificación de la Ley Marco es complementaria de la aplicación, en caso de aprobarse, del artículo 3 de la ley Bases que faculta al Poder Ejecutivo nacional a modificar, eliminar competencias o funciones, reorganizar, transformar la estructura jurídica, disolver parcial o totalmente los órganos u organismos de la administración central o descentralizada, entre otros puntos.
La normativa excluyó del universo de organismos afectados por el artículo a “las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”.
En el caso de otros organismos como el CONICET, la ANMAT, el INCAA, el INCUCAI y la CNV, se dispuso que no podrán ser disueltos, por lo que el Gobierno quedará habilitado para reorganizarlos, modificarlos o eliminar competencias. Lo mismo ocurrirá con el ENACOM, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la CONAE, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
De esta manera, la aprobación de la ley Bases habilitaría al Gobierno a disponer la continuidad o el despido de un universo de 125.000 empleados de planta permanente que se encuentren realizando tareas en dichas dependencias y en otras áreas del Estado. En paralelo, continuarán en revisión los más de 55 mil contratos de empleados de planta transitoria, un grupo que se ha visto afectado desde el inicio de la gestión de Milei con cerca de 13 mil despidos.
Fuente: Ambito
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