Denuncian penalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por “abuso de autoridad” luego de que su cartera pidiera el allanamiento del domicilio de dos periodistas que hace días revelan audios con las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La demanda se ampara en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y repudia el pedido del Gobierno nacional por tratarse de “un acto concreto de abuso de poder que pone en jaque principios esenciales del sistema democrático”
“De conformidad con lo normado en los arts. 174 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación, vengo a formular denuncia penal contra la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en orden al delito de abuso de autoridad, en virtud de la denuncia penal que promoviera contra periodistas y medios de comunicación con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa, solicitando medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, dice el texto presentado por el abogado Gregorio Dalbón.
La denuncia se ampara en el artículo 14 de la Constitución Nacional que “garantiza a todos los habitantes el derecho de publicar sus ideas sin censura previa” y plantea que el pedido de allanamientos “constituye una medida intimidatoria que busca paralizar la actividad periodística, afectando la labor de informar y el derecho de la ciudadanía a ser informada”. “En efecto, el Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”, se advirtió.
En el texto, Dalbón resalta que la demanda penal formulada por Bullrich contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico representa “una violación flagrante de los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión” y recuerda que “el periodismo no puede ser perseguido por difundir información de interés público, ni obligado a revelar sus fuentes” de información. “Esta práctica configura un grave precedente institucional, pues abre la puerta a que cualquier gobierno intente silenciar medios críticos mediante denuncias por ‘inteligencia ilegal'”, se alertó.
Los principios de la democracia “en jaque”
En ese sentido, la denuncia cuestiona que “la gravedad” del pedido de allanamientos contra los comunicadores incrementa “cuando se advierte que las medidas cautelares solicitadas están dirigidas a prohibir contenidos futuros, algo expresamente vedado” por la Constitución. “El pedido de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y, particularmente, la pretensión de prohibir la difusión de información periodística configuran órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional, en tanto vulneran de manera directa la libertad de expresión (arts. 14 y 32 CN) y el derecho constitucional al secreto de las fuentes periodísticas (art. 43 CN)”, se señaló.
Para Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la medida solicitada por Bullrich no fue un error sino que forma parte de un “abuso de poder” por parte del Gobierno nacional. “No se trata, por lo tanto, de un error formal ni de una mera discusión política, sino de un acto concreto de abuso de poder que pone en jaque principios esenciales del sistema democrático”, apuntó.
Fuente: El Destape Web
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