Este martes se presentó una denuncia penal contra Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA). La finalidad es que que se investigue su actuación en el caso de la criptomoneda $LIBRA y una eventual maniobra para blindar al presidente Javier Milei. Fue ingresada por los diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.
La acusación apunta a los posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación forma parte del trabajo de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA. En el primer tramo de la denuncia, también solicitaron que se analicen otros delitos de acción pública que podrían haber sido cometidos por las autoridades de la OA.
Los hechos denunciados se remontan al 14 de febrero de este 2025. En ese momento, Javier Milei difundió a través de su cuenta personal de X una promoción del token $LIBRA. Ese posteo, luego eliminado, generó un fuerte revuelo político y motivó una resolución de la OA que, según los denunciantes, no estuvo a la altura.
“Pese a las evidencias la OA concluyó, en la Resolución 9/2025, que no se verificó ninguna infracción ética por parte del presidente Milei”, denunciaron. Según Ferraro y Frade, la resolución del organismo que encabeza Melik no realizó un análisis crítico ni técnico. Directamente replicó los argumentos que el propio Milei brindó en redes sociales y comunicados oficiales.
También señalaron que se tomó como sustento una entrevista televisiva del Presidente. En ella, uno de sus asesores interrumpió la conversación para indicarle al periodista que ciertas preguntas eran inadecuadas. “La resolución utiliza los mismos argumentos esgrimidos por el presidente Javier Milei en una entrevista televisiva”, señalaron los legisladores.
Blindado
Además, cuestionaron que el organismo de control evitó evaluar el rol institucional de la figura presidencial en la promoción de activos financieros y los efectos económicos y simbólicos de sus declaraciones públicas. “Esta explicación exhibe por parte de la Oficina Anticorrupción la decisión de elaborar una resolución a medida, con el fin de desligar de toda responsabilidad al presidente, ignorando no solo la evidencia sino también el marco normativo vigente”, denunciaron.
“La reproducción acrítica de los argumentos del propio presidente en la resolución impugnada, sin análisis técnico ni valoración imparcial, contradice frontalmente este principio normativo y vulnera la finalidad institucional de la OA como organismo de control autónomo”, remarcaron.
En otro de los pasajes de la denuncia, Frade y Ferraro afirmaron que la Oficina Anticorrupción “parece convertirse en una herramienta de blindaje político” y que omitió por completo considerar el deber de imparcialidad, transparencia y prevención de conflictos de intereses, que forman parte del núcleo del régimen de ética pública.
Fuente: Perfil
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