Defensorías solicitaron que el gas envasado sea considerado un servicio público

Las Defensorías del Pueblo del país solicitaron a la Secretaría nacional de Energía que las garrafas sean declaradas servicio esencial para que no existan diferencias de precios o faltantes de gas envasado según la ciudad en la que se encuentre.

 

“En la última reunión de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), a pedido de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Chaco y por unanimidad entre los defensores, se solicitó ante la Secretaría de Energía que las garrafas de 10, 12 y 15 kilos sean consideradas un servicio público para que haya más regulación por parte del Estado, no solo en el abastecimiento, sino también en la distribución a lo largo del país”, comunicó la Defensora del Pueblo de Paraná, Marcia López.

 

 

Por su parte, la Defensora del Pueblo Adjunta, Cecilia Pautaso, fundamentó que “el 60% de la población argentina utiliza como servicio al gas envasado para cocinar y calefaccionarse. De ese porcentaje, menos del 30% está adherido al programa Garrafa Social y el resto tiene que acudir a diversos distribuidores, donde no siempre encuentra el mismo precio”.

 

“Un precio uniforme también constituye el pedido de bien esencial porque sino queda a suerte de cada consumidor el tratar de conseguir esa garrafa, que significa el bienestar de la familia”, justificó Pautaso.

 

De hecho, resaltó que aumentaron enormemente los costos. El envase de una garrafa de 10 kilogramos cuesta alrededor de 25.000 pesos, más aproximadamente 3.000 pesos en concepto de la carga. En tanto, un regulador de gas cuesta 5.000 pesos, una estufa de pantalla unos 10.000 pesos y una estufa de gas ronda los 50.000 pesos Ante estos costos, en la entidad consideran, de acuerdo al informe del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas), que el 60% de la población del país es usuaria de gas y solo el 45% cuentan con un programa de asistencia social para acceder a este servicio.

“Es un costo que deben asumir las familias”, remarcó la defensora. Y agregó: “Hay que acompañar a las familias porque, en pos de buscar otro método, pusieron en riesgo su vida con la inhalación de monóxido de carbono o pusieron en riesgo sus bienes por otro tipo de combustión que ha incendiado o producido explosiones. Paraná es testigo recientemente de casas incendiadas por este tipo de situaciones”.

Fuente: Elonce