La falta de suministro de gas natural comprimido en distintas regiones del país activó una serie de presentaciones formales por parte de entidades que nuclean a Estaciones de Servicio.
Desde la Federación de Entidades de Combustibles (FEC) elevaron notas a la Comisión de Energía de Diputados y del Senado, al Ente Nacional Regulador del Gas y a la Secretaría de Energía con pedidos de informes y solicitudes de revisión del esquema vigente.
El planteo de la Federación de Entidades de Combustibles gira en torno a la afectación de empresarios que cuentan con contratos catalogados como “firmes”, modalidad por la cual se abona un cargo adicional destinado a garantizar continuidad del suministro mediante reserva de capacidad. En distintos episodios recientes, aseguran, se habrían aplicado restricciones sin una explicación detallada sobre la causa técnica o normativa que habilitaría ese tipo de interrupción.
La entidad solicitó que el Poder Ejecutivo informe si las medidas adoptadas respondieron a situaciones de emergencia operativa o fuerza mayor debidamente declaradas. De no ser así, pide que se evalúe un mecanismo de compensación económico a través de las distribuidoras que intervienen en la cadena de abastecimiento. Además, el requerimiento incluye además conocer el orden de prioridades aplicado durante los cortes y los criterios utilizados para administrar la demanda.
Las demandas de las entidades
De esta manera, la FEC exigió al organismo regulador precisiones sobre la trazabilidad de las decisiones operativas, la eventual afectación de usuarios interrumpibles previos a cualquier restricción sobre contratos firmes y la existencia de instrumentos formales que respalden las medidas adoptadas.
Juan Carlos Basílico, presidente de Federación de Entidades de Combustibles, señaló en este sentido que “las gestiones buscan abrir una instancia de revisión institucional sobre el funcionamiento del sistema de abastecimiento y sobre eventuales mecanismos de compensación cuando se verifique la afectación de contratos que implican pago de reserva de capacidad”.
Por otra parte, desde las demás instituciones empresarias del rubro, confirmaron en que insistirán en modificar la vigencia del esquema contractual que divide entre modalidades firmes e interrumpibles. Al respecto, el presidente de CEPASE, Pedro Llorvandi sostuvo que esa estructura responde a una etapa del sistema energético signada por limitaciones de abastecimiento y fuerte dependencia de importaciones, situación que difiere del actual presente productivo.
En ese marco, el representante de Santiago del Estero informó que el diseño regulatorio requiere actualización. “Hace dos décadas el país tenía restricciones de gas y se adoptaron criterios que hoy no reflejan la realidad actual del sistema”, señaló.
Agregó que la expansión de la producción local modificó el escenario energético y que las reglas vigentes deberían adecuarse a ese cambio. “Hoy hay disponibilidad de gas y se necesitan estructuras más acordes a la situación actual. Estamos en diálogo con el ENARGAS para tratar estos puntos”, indicó.
Modalidades firmes e interrumpibles
Pedro González, presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, destacó que una parte importante de la red ya migró hacia contratos firmes, lo que redujo el impacto de cortes en zonas de alta demanda. Sin embargo, advirtió que la situación no es homogénea en todo el país.
González sostuvo que en el Área Metropolitana de Buenos Aires predomina la modalidad firme, mientras que en distintas regiones del interior persisten esquemas interrumpibles que dejan a estaciones expuestas a interrupciones durante picos de consumo. También afirmó que en algunos casos la continuidad de contratos menos protegidos responde a decisiones de cada operador.
El dirigente de Cámara de Expendedores de GNC añadió que en ciertos distritos la baja adhesión a contratos firmes incide directamente en la interrupción del servicio en períodos críticos, lo que deriva en cierres temporales de estaciones.
Sin embargo, los distintos dirigentes concluyeron en la necesidad de garantizar previsibilidad operativa para sostener un servicio considerado clave en la movilidad urbana y en el abastecimiento energético de múltiples regiones del país. (Ambito Financiero)