Las conexiones clandestinas en Paraná son objeto de un plan de regularización que ya alcanzó a unos 2.500 usuarios, según explicó el secretario de Asuntos Estratégicos de ENERSA, Eduardo Asueta. El entrevistado reveló que algunas instalaciones irregulares llevan funcionando casi dos décadas.
“El promedio de conexiones clandestinas que venimos detectando es de entre 18 y 20 años, dependiendo de los barrios”, afirmó Asueta. Según explicó, la empresa puso en marcha un abordaje territorial para detectar los sectores con mayor cantidad de irregularidades y avanzar progresivamente hasta lograr su normalización.
Asueta calificó la problemática como un “flagelo”, no solamente por el perjuicio económico sino también por los riesgos que implican las instalaciones irregulares. “Es un problema de seguridad para muchísimas familias, para transeúntes, vecinos y clientes de determinados comercios”, advirtió. Además, sostuvo que el costo del hurto de energía termina recayendo sobre el conjunto de los usuarios.
Ya regularizaron 2.500 conexiones en Paraná
El profesional indicó que en la capital entrerriana 2.500 usuarios que estaban conectados clandestinamente ya fueron regularizados. “Hoy cuentan con una conexión segura y, a la vez, están pagando la tarifa, haciendo el esfuerzo compartido entre todos los usuarios”, destacó.
Uno de los principales desafíos era evitar que las personas volvieran a conectarse ilegalmente después de los operativos. Asueta aseguró que actualmente existe un seguimiento permanente. “Trabajamos con un criterio muy firme de regularizar el 100% de los barrios”, afirmó.
Según detalló, la cantidad de usuarios que volvieron a una conexión clandestina después de ser incorporados formalmente al sistema es inferior al 0,5%. “Cuando hay una decisión clara de la empresa de ordenar el territorio y cobrar la tarifa como corresponde, el usuario entiende este mensaje y opta por no volver a engancharse”, sostuvo.
Comercios y personas con capacidad económica
Asueta remarcó que la problemática no está limitada a familias en situación de vulnerabilidad. “El 5% de las conexiones regularizadas de estas 2.500 son comercios”, reveló. También indicó que entre los casos encontrados existen personas con capacidad económica para afrontar normalmente el servicio eléctrico.
Para quienes atraviesan dificultades económicas, recordó que existen herramientas de acompañamiento. Mencionó los subsidios al valor agregado de distribución y los programas de tarifa social destinados a hogares con mayores necesidades. “Aquellos que están con necesidades los acompañamos con los programas sociales”, explicó.
Distinta es la situación de quienes pueden pagar el servicio y persisten en conectarse ilegalmente. Asueta recordó que el hurto de energía constituye un delito y confirmó que ya hubo intervenciones de la Justicia. “Estamos trabajando con una Fiscalía en determinados casos donde hay usuarios que persisten en querer engancharse y no pagar la luz, estando en condiciones económicas de hacerlo”, indicó.
Detectaron personas que realizan conexiones ilegales
Durante la entrevista, Asueta también confirmó que fueron detectadas personas que ofrecen realizar conexiones clandestinas o adulteraciones de medidores. “Hay gente que se dedica a esto y realmente se expone a acciones penales”, manifestó. En esos casos, señaló que la empresa dio intervención a la Justicia.
ENERSA trabaja actualmente mediante un esquema territorial, identificando barrios y zonas con alta presencia de irregularidades. Para ello, según explicó, fueron contratadas cuadrillas específicas que realizan las desconexiones y posteriormente controlan que los usuarios avancen hacia la formalización.
Fuente: Elonce