La Justicia condenó a tres años de prisión condicional a un exmilitar por abuso sexual y maltrato a una soldado voluntaria de 18 años, en un caso ocurrido dentro del Ejército argentino. La sentencia también estableció una reparación económica de 10 millones de pesos para la víctima, la prohibición de acercamiento y el cumplimiento de un taller sobre violencia de género.
La resolución fue firmada este martes por la jueza de cámara Noemí Berros, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa particular y el Defensor Público de Víctimas. El procedimiento contó con la conformidad expresa de la damnificada, identificada mediante las iniciales L.B.B.
Según informó el medio Litigio, el condenado, Julio César Aguirre, se había valido de su superioridad jerárquica dentro de la institución militar para hostigar y agredir sexualmente a la joven. La magistrada consideró que los hechos constituyeron una manifestación de violencia de género e institucional.
Los abusos contra una soldado de 18 años
De acuerdo con la investigación judicial, el exmilitar mantuvo conductas de hostigamiento hacia la soldado voluntaria, aprovechándose de la relación de subordinación y de la estructura jerárquica del Ejército.
Los episodios más graves ocurrieron el 23 de septiembre de 2023, cuando el acusado protagonizó una serie de agresiones contra la joven.
Según se acreditó en el expediente, el entonces superior realizó acercamientos físicos no consentidos, la abrazó y la besó en el cuello mientras ella cumplía tareas que le habían sido ordenadas.
En otro momento, el hombre la sujetó por la fuerza, la subió sobre una mesa y realizó tocamientos por encima de la ropa. La víctima logró liberarse después de forcejear y buscó refugio en el casino de suboficiales.
Cómo se conocieron los hechos y quiénes intervinieron
La joven inicialmente guardó silencio debido al temor a sufrir represalias dentro de la institución militar y a perder su fuente de trabajo.
Posteriormente, decidió contar lo sucedido a su compañero de guardia, el cabo Alexis Casafu, quien dio aviso a otros integrantes de la estructura militar.
La situación fue comunicada al suboficial principal Dante Alonso y al jefe del regimiento, coronel Juan Pablo Queiruga, quienes intervinieron en la cadena de alerta.
Finalmente, el 26 de septiembre de 2023 se radicó la denuncia formal ante la Policía Federal Argentina, lo que dio inicio a la investigación judicial.
El expediente también incorporó antecedentes de situaciones similares de acoso atribuidas al acusado durante su paso por el Liceo Militar de Córdoba.
La Justicia consideró que hubo violencia de género e institucional
En los fundamentos de la sentencia, la jueza Noemí Berros encuadró los hechos en los delitos de abuso sexual simple en concurso real con maltrato a un inferior militar, conforme a los artículos 119, 249 bis, 45 y 55 del Código Penal.
La magistrada sostuvo que el condenado había aprovechado su posición de autoridad para vulnerar la libertad sexual y la dignidad de una subordinada.
También consideró que los hechos ocurridos el 23 de septiembre formaron parte de una conducta de hostigamiento que se había desarrollado previamente.
En su resolución, Berros destacó la gravedad de la violencia ejercida contra la joven y señaló que las agresiones vulneraron sus derechos fundamentales a la integridad física, psicológica y sexual.
Además, remarcó el carácter institucional de los hechos, tanto por haberse cometido dentro del Ejército como por la condición de funcionario público que tenía el agresor.
La condena y las restricciones que deberá cumplir
Como resultado del acuerdo de juicio abreviado, el tribunal impuso al exmilitar una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
Esto significa que el condenado no deberá cumplir inicialmente la pena en prisión, siempre que respete las condiciones fijadas por la Justicia durante el período establecido.
Entre las medidas obligatorias se dispuso la prohibición absoluta de mantener contacto con la víctima, por cualquier medio.
También se estableció una restricción de acercamiento que le impide aproximarse a menos de 500 metros del domicilio de la damnificada.
Asimismo, deberá realizar de manera presencial el Taller de Violencia de Género, dictado por la Dirección de Fortalecimiento Social de la Municipalidad de Concordia.
Las reglas de conducta deberán cumplirse durante tres años.
Deberá pagar una indemnización de $10 millones
Otro de los puntos centrales de la sentencia fue la reparación económica acordada en favor de la víctima.
La Justicia estableció que el condenado deberá pagar 10 millones de pesos, distribuidos en diez cuotas mensuales y consecutivas de un millón de pesos cada una.
Los pagos deberán efectuarse mediante transferencias bancarias directas a la cuenta de la joven.
Finalmente, según Litigio, durante la audiencia judicial, el exmilitar expresó disculpas formales a la damnificada, reconoció su error y manifestó su compromiso de cumplir las medidas impuestas.