El Gobierno argentino apeló el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres Burford Capital y Eton Park Capital Management. La resolución judicial se vincula con la demanda por la expropiación de la petrolera estatal en 2012, y con una indemnización reclamada por los litigantes, que asciende a u$s16.099 millones.
La apelación fue presentada por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratado por la Procuración del Tesoro, actualmente a cargo de Santiago María Castro Videla. Según fuentes cercanas al caso, la presentación se realizó sin esperar la definición de Preska sobre el pedido de “stay” que busca suspender la ejecución del fallo. “Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, remarcaron los abogados argentinos en su escrito.
La estrategia legal busca ganar tiempo frente a un eventual nuevo revés judicial. Los representantes del Estado temen una orden de embargo inminente contra activos argentinos en instituciones financieras estadounidenses, y decidieron anticiparse con la apelación para que la causa pase a una instancia superior.
YPF, fuera del proceso judicial y sin representación
En esta disputa legal, YPF no es parte del juicio ni del proceso en el Segundo Distrito judicial de Nueva York. La compañía no cuenta con abogados en el caso ni participa de las presentaciones oficiales. Tal como expresó el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, “yo soy ejecutivo, empleado de YPF, y Burford hizo un juicio a YPF y al Estado nacional. La jueza Preska falló a favor de YPF, falló en contra de la República. No puedo opinar”.
De esta forma, Marín enfatizó que la jueza dejó a YPF al margen del conflicto legal y centró la supuesta responsabilidad en el accionar del Estado nacional, especialmente en decisiones del Poder Ejecutivo y el Legislativo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
En ese sentido, Eton Park sumó a la causa una transcripción traducida de una reciente conferencia de Axel Kicillof, en la que el actual gobernador bonaerense justificó la expropiación de 2012. Estas declaraciones fueron incorporadas por los demandantes para reforzar su reclamo ante la justicia estadounidense.
Argumentos legales de la defensa argentina
Los abogados del Estado expusieron que se trata de un caso sin precedentes, con “la naturaleza excepcional y cuestiones legales sin resolver”, que requiere una revisión exhaustiva por parte del tribunal de apelaciones. También remarcaron el riesgo de abrir una jurisprudencia peligrosa a nivel internacional, que podría permitir a otros países avanzar sobre activos soberanos estadounidenses.
Otro de los ejes de la apelación fue la imposibilidad legal de ejecutar el fallo. Según la normativa argentina, el control estatal de YPF sólo puede modificarse mediante una ley aprobada por dos tercios del Congreso, como estableció la norma sancionada en 2012. En palabras de Kicillof, las acciones de YPF “sólo se pueden entregar por una ley votada por dos tercios del Congreso”.
Finalmente, la defensa oficial subrayó la ausencia de un perjuicio concreto para los demandantes si se suspende la ejecución de la sentencia. Argumentaron que avanzar con el fallo podría afectar a terceros ajenos al juicio -como provincias y bonista- y activar cláusulas contractuales perjudiciales para la propia petrolera.
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