AFIP fiscalizó operaciones bursátiles sospechosas por 2,1 billones de pesos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) finalizó con el octavo día hábil consecutivo de tareas fiscalización en domicilios de los principales operadores bursátiles de la plaza financiera local, lo que permitió que en total se relevaron 290.000 operaciones con bonos por más de $2,1 billones de pesos.

En estas tareas intervinieron 160 agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto que verificaron el cumplimiento impositivo de 30 empresas en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La AFIP precisó que los inspectores relevaron las operaciones de compraventa de bonos y retiros de valores por personas físicas y jurídicas a fin de determinar si contaban con la capacidad económica para concretarlas.

Los objetivos fueron determinados a partir de tareas de investigación previas mediante las cuales se advirtieron inconsistencias fiscales de los operadores que llamaron la atención de las áreas especializadas, motivo que llevó a generar las órdenes de fiscalización correspondiente sobre el universo detectado.

A partir de toda la información recabada, se procederá a incorporar la totalidad de los compradores a una matriz de riesgo a cargo del área de investigaciones de la AFIP, a fin de determinar si las operaciones relevadas fueron realizadas por personas con capacidad económico financiera para llevarlas a cabo.

En aquellos casos en los que no se verifiquen los extremos mencionados, se informará a la Comisión Nacional de Valores las inconsistencias detectadas y se fiscalizará a aquellos contribuyentes que de acuerdo a los registros informáticos con los que cuenta la AFIP, no dispongan con los medios económicos necesarios para realizar las operaciones informadas.

Por medio de estas tareas, el organismo detectó que 857 Contribuyentes con la CUIT inactiva, no localizados o incluidos en la base contribuyentes no confiables operaron por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de dólar Mep por US$ 650.000.

También se constató la existencia de operaciones de compra de bonos por $8.000 millones realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales.