El juez federal Sebastián Casanello procesó este jueves al expresidente Alberto Fernández. Fue por la causa que investiga irregularidades en el manejo de contratos de seguros durante su gestión. Se le imputa el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
En el expediente en cuestión se busca determinar un posible entramado de fraude en torno a seguros contratados por organismos estatales a través de Nación Seguros. Habría millonarios pagos de comisiones a brokers que habrían actuado como intermediarios.
El magistrado también dispuso procesar al empresario del sector asegurador Héctor Martínez Sosa, y a su pareja, María Cantero, exsecretaria de Fernández. Además, resolvió el procesamiento sin prisión preventiva de Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros. También quedaron implicados exintegrantes del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Mauro Tanos y Carlos Soria.
Entre las pruebas fundamentales que se incorporaron a la causa se destaca un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Presentado en mayo, el documento, de 662 páginas, revela que el expresidente le facturó a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales entre 2010 y 2019. La última habría sido el 4 de diciembre de aquel año, días antes de asumir la Presidencia de la Nación.
Defensa
La defensa de Fernández y de Martínez Sosa aseguran que la facturación estaba relacionada a un servicio que le brindaba el exmandatario al broker de seguros. Consistía en realizar un informe sobre la coyuntura política y económica del país, todo esto mientras se encontraba fuera de la función pública. El exmandatario también tenía como clientes a dos sindicatos y a empresas.
Inicialmente, la causa recayó en el juzgado que en aquel entonces estaba bajo la tutela de Julián Ercolini. En febrero, vencida la subrogancia y luego de haber culminado la etapa de indagatorias, el juzgado pasó a manos de Casanello. Desde aquel momento, el magistrado decidió revisar el expediente y solicitó nuevas medidas de prueba.
Además, profundizó la investigación para recabar nueva información. En ese marco, el expresidente se presentó la semana pasada para ampliar su indagatoria. La primera vez que brindó testimonio había sido en noviembre del año pasado, ante el juez Julián Ercolini, recusado por su defensa.
El exmandatario arribó a Comodoro Py cerca del mediodía y estuvo por más de dos horas. Allí amplió su declaración indagatoria y, por primera vez, respondió preguntas del juez y del fiscal. En ese contexto, argumentó que la imputación “no es clara, precisa, ni circunstanciada”.
El exmandatario negó haber estado involucrado en ninguna maniobra que tuviera por objetivo perjudicar el patrimonio estatal y pidió por una resolución de la justicia “que sea independiente de presiones externas”.
Fuente: Ámbito
Podes comentar y leer comentarios sobre esta noticia mas abajo