Policías de la provincia de Jujuy protagonizaron en las últimas horas una masiva movilización frente a la Casa de Gobierno local en demanda de mejoras salariales y laborales. La protesta, que se asimila a la ocurrida en Santa Fe, puso en alerta la seguridad provincial y en pie de confrontación a la administración de Carlos Sadir, que acusó a los manifestantes de querer “desestabilizar” su administración.
Se trata de la segunda provincia gobernada por aliados a Javier Milei que en las últimas semanas se volvió escenario de una protesta de sus propias fuerzas de seguridad producto de la motosierra salarial.
Los reclamos tuvieron lugar anoche y hasta esta madrugada en la Plaza Belgrano, frente a la sede del Ejecutivo jujeño. Miembros activos y retirados de la policía, acompañados por sus familiares, arrojaron piedras y pirotecnia contra la Casa de Gobierno, y quemaron gomas frente a las rejas de la entrada.
En rigor, el conflicto data de algunas semanas con negociaciones fallidas en los últimos días. Reclaman un aumento de al menos el 50 por ciento en el salario básico y las ofertas del gobierno provincial estuvieron muy por debajo de esa cifra.
Durante la última reunión para zanjar el conflicto, tampoco hubo certezas sobre los cambios en la cantidad de horas de la jornada laboral, la infraestructura de las comisarías ni en la modernización de patrulleros y armas que exigieron los agentes.
“Se llegó al mejor acuerdo posible”, expresó uno de los negociadores por parte de las fuerzas que se reunió con el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, y autoridades de la Jefatura Policial y el Servicio Penitenciario jujeño.
Pero esas reuniones ni sus resultados alcanzaron para calmar las aguas. Es por eso que la movilización de anoche en el centro de la capital provincial fue multitudinaria.
La reacción del gobernador Carlos Sadir
Tras los incidentes y piedrazos contra la sede de gobierno, la administración del radical Carlos Sadir descalificó a los manifestantes. Los trató de “minúsculo grupo sectario con intereses ajenos al bienestar general, que pretende desestabilizar la provincia”.
Además, los acusó de cometer actos de “vandalismo” y amenazar la paz social. “El bienestar colectivo se construye desde el respeto por la democracia, las instituciones y el diálogo, no con violencia ni capuchas”, puntualizó un comunicado oficial emitido anoche.
“No vamos a permitir que el pasado se reinstale en nuestra provincia”, advirtió la administración radical que, no obstante, reconoció que el reclamo es “legítimo”.
Asimismo, se garantizó “la continuidad de las mesas de trabajo conjunto con los representantes de familiares del personal de seguridad, tanto en situación activa como pasiva”.