Hace un año, Panadería Roma inauguró una sucursal en la esquina de calles Echagüe y Alsina de la ciudad de Paraná. El local donde funciona tiene contrato de alquiler hasta el año 2026, pero a raíz del fallecimiento del dueño del local, surgió una complicación por falta de herederos y denuncian que quieren desalojarlos sin respetar el acuerdo firmado.
Sandra Lanzi, propietaria de la panadería, contó que para abrir el nuevo local “firmamos un contrato de alquiler con el señor Rejas, pero falleció y no hay herederos. Por este motivo, nos vemos afectados porque la herencia vacante pasó al Consejo General de Educación, que administra estos casos y nos mandan un desalojo de 10 días”.
Según dijo la empresaria, “nos encontramos avasallados. Quieren desocupar este lugar privado, donde tenemos 10 trabajadores, para ocuparlo para oficinas públicas”.
Para poder abrir la sucursal “hicimos una inversión muy importante, apostamos a este lugar. Como empresarios privados nos sentimos avasallados porque siempre apostamos a la ciudad y al servicio”, dijo Lanzi que pidió “respeto ante toda la gente que trabaja” y cumplir con el contrato de locación, para lo que falta un año y medio pudo saber EntreRíosYA de lo informado por canal Once.
Por su parte, Iván, contó que la situación les genera una “incertidumbre total. Apostamos a invertir en un punto clave, cerca de la terminal y tuvimos que realizar muchas mejoras, no es tan fácil irse y alquilar otro lugar”. Además que “cerrar implicaría dejar 10 empleados en la calle, y movernos implicaría estar sin trabajar unos 6 meses”.
“Somos trabajadores y apostamos a invertir, uno apuesta a que le vaya bien y que se valore el esfuerzo”, expresó.
La parte legal
La abogada Bárbara Albarenque, que representa a los propietarios de Roma, explicó que “se inició un procedimiento preventivo de crisis de empresas y si se despide a los empleados solo se abona el 50% de la indemnización, pero lo llamativo en este caso es que la crisis no es interna, es generada por un factor externo, que sería el gobierno provincial”.
Al quedar una herencia vacante, el que administra es el CGE “y en este caso están empecinados en rescindir el contrato y desalojarlos. Hay interés en este local”, afirmó.
Asimismo, Albarenque expresó que las autoridades del Consejo “han realizado planteos desproporcionados, como que hay una deuda de 20.000 pesos que no tiene relación con el alquiler, con el único fin de quedarse con el local”.
“Se necesitarían audiencias de conciliación o que el gobernador se haga eco de la situación y nos escuche”, finalizó la profesional.
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